Los okupas usaban los garajes de los inmuebles que allanaron para montar negocios ilegales sin tener conocimientos de reparación de choches
El Gobierno no persigue okupas por no pagar autónomos ni impuestos, ni tampoco les detienen por poner en riesgo la vida de conductores. Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Calafell, Tarragona, intervinieron el pasado 17 de diciembre en ocho casas ocupadas por delincuentes con antecedentes. Los ocupantes habían convertido los garajes en talleres ilegales de reparación de vehículos.
Estas viviendas, situadas en la avenida Santa María de Montserrat de Segur de Calafell, tenían pinchada la luz y agua de forma fraudulenta. Los agentes identificaron a un total de veinte personas durante la operación.
Los ocupantes utilizaban electricidad robada para alimentar las herramientas de los talleres para reparar coches sin licencia ni conocimientos acreditados que garantizaran la seguridad de los vehículos. Este negocio clandestino exponía a peligro tanto a los propietarios de los coches como a los demás usuarios de la carretera, porque los talleres carecían de cualquier permiso legal para operar.
Los agentes acudieron al lugar para inspeccionar las instalaciones, revisaron los garajes y sancionaron a los responsables por las irregularidades encontradas sin detener a nadie.
Retirada de vehículos y sanciones sin detenciones en el operativo
Por motivos de seguridad vial, se desmantelaron completamente los dos talleres clandestinos y se retiraron nueve vehículos que se encontraban en el lugar. Algunos de estos coches estaban parcialmente desmontados.
Los Mossos abrieron dos expedientes por los talleres ilegales y tramitaron cuatro diligencias penales. Técnicos de las compañías de electricidad y agua detectaron conexiones manipuladas, entre otros delitos que también representan un riesgo para la seguridad.
Estas diligencias correspondían a delitos de ocupación ilegal y defraudación de fluidos eléctricos y agua, y la Policía Local impuso además una decena de denuncias relacionadas con tráfico. Los cuerpos de seguridad no facilitaron más información sobre los implicados, como su nacionalidad, pero El Caso recoge que ocho de los okupas contaban con antecedentes policiales previos.
