La Policía Nacional ha detenido al organizador de un evento en el club privado marroquí Casa Fátima Ino, ubicado en Torremolinos (Málaga), por un presunto delito de odio. Según informaciones proporcionadas por EFE, el evento, anunciado a través de redes sociales, incluía un cartel en el que se prohibía explícitamente la entrada a «peleas, drogas, gorras, chanclas y maricones».
Investigación y denuncias por homofobia
La detención se produjo tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Málaga, incluida la de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, quien calificó el cartel como «lamentable» y afirmó que «el odio y la homofobia no tienen cabida aquí». Estas acciones han derivado en una investigación policial y diligencias abiertas por el Ministerio Público para determinar si el club incurrió en delitos recogidos en el artículo 512 del Código Penal, que sanciona la negativa a prestar servicios por motivos discriminatorios, y si se lesionó la dignidad de las personas por su orientación sexual.
Evento suspendido y cambio de ubicación
La fiesta, que estaba prevista para el próximo 18 de enero, ha sido cancelada en la ubicación original del club, situado en la calle Cruz de Torremolinos. Según algunas fuentes, los organizadores estarían planeando trasladar el evento a Málaga capital, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.
Reacciones políticas y sociales
El contenido discriminatorio del anuncio provocó una ola de rechazo en diversos sectores. La alcaldesa Del Cid enfatizó que «los únicos que sobran son ellos» en referencia a los responsables del acto. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó lo ocurrido y afirmó que este tipo de comportamientos son «intolerables» y reflejan «los discursos de odio que la extrema derecha replica desde las instituciones».
Sanción por parte de la Junta de Andalucía
Además, la Junta de Andalucía ha anunciado que sancionará al club privado por negar el acceso a clientes basándose en su orientación sexual. Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar el cumplimiento de las leyes contra la discriminación en España y de proteger los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
