Mercè Perea, diputada del PSOE, posee 13 viviendas pero declara solo 18.000€ de alquiler. La incoherencia con el discurso de vivienda del Gobierno.
En política, la coherencia entre el discurso público y el patrimonio privado es una línea delgada que a menudo se rompe con estrépito. El último caso en sacudir los cimientos éticos del Grupo Socialista en el Congreso tiene nombre y apellidos: Mercè Perea.
La diputada del PSOE 13 viviendas Mercè Perea
Esta veterana diputada del PSC se ha convertido en el centro de la polémica tras salir a la luz su declaración de bienes, en la que figuran nada menos que 13 inmuebles en propiedad. El dato choca frontalmente con la cruzada que su propio jefe de filas, Pedro Sánchez, ha emprendido contra los «grandes tenedores» y los especuladores inmobiliarios, a quienes culpa de la crisis habitacional que asfixia a los jóvenes españoles.
El patrimonio de Perea es extenso y diverso: nueve viviendas de naturaleza urbana adquiridas mediante donación y otras cuatro compradas (con distintos porcentajes de participación). Los inmuebles se reparten por zonas de alta tensión de precios como Barcelona, Tarragona, Castelldefels y Hospitalet de Llobregat.
Sin embargo, la verdadera paradoja —y lo que ha indignado a la oposición— reside en sus ingresos declarados por capital inmobiliario: apenas 18.415 euros anuales. Esta cifra, irrisoria para tal cantidad de propiedades en ubicaciones prime, sugiere que la diputada mantiene la mayoría de sus pisos vacíos, cedidos gratuitamente o alquilados muy por debajo de mercado, lo que contradice el mantra socialista de «movilizar la vivienda vacía».
La doble vara de medir del «Escudo Social»
Mientras el Gobierno diseña un sistema de incentivos fiscales y castigos para forzar a los propietarios a bajar los alquileres, una de sus legisladoras acumula ladrillo sin que parezca contribuir activamente a la oferta de alquiler asequible. Sánchez anunció este lunes bonificaciones del 100% en el IRPF para quienes alquilen a jóvenes, pero la realidad de sus filas es bien distinta. El caso de Perea no es ilegal, por supuesto, pero es estéticamente devastador para un partido que ha hecho de la «vivienda como derecho» su bandera electoral.
Esta desconexión entre la élite política y la realidad de la calle no es nueva. Se suma a una larga lista de contradicciones que minan la confianza ciudadana, similar al malestar que genera ver cómo los impuestos ahogan a los jóvenes mientras se blindan las pensiones o los privilegios de la clase dirigente. Si quienes legislan sobre el control de precios y el «abuso» de los caseros son, a su vez, multipropietarios que no ponen sus activos al servicio social que predican, el mensaje que llega a la ciudadanía es de una hipocresía absoluta.
Pisos vacíos en zonas tensionadas
El análisis de los datos revela una realidad incómoda. Al dividir los 18.415 euros entre 13 inmuebles —aunque algunos sean compartidos— la rentabilidad desaparece por completo. Esto sugiere que Perea mantiene varias viviendas cerradas en municipios como Hospitalet, donde la demanda de alquiler es asfixiante y los precios han aumentado más de un 10% en el último año. ¿Por qué una diputada socialista decide no sacar esos pisos al mercado? ¿Acaso teme la inseguridad jurídica que su propio Gobierno ha generado con la Ley de Vivienda?
La oposición ya exige explicaciones y la señala como “terrateniente socialista”. La paradoja resulta evidente: el Gobierno persigue al pequeño ahorrador que conserva un segundo piso para complementar su pensión, mientras protege en sus escaños a grandes tenedores que ignoran tanto la lógica del mercado como la urgencia social. En la España de 2026, poseer 13 viviendas no constituye un delito, pero defender la redistribución de la riqueza desde un imperio inmobiliario propio empieza a ser políticamente insostenible.
