La aseguradora DKV ha comunicado su decisión de retirarse del concierto de Muface, un acuerdo que durante años ha garantizado la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Esta decisión responde a las significativas pérdidas económicas que la compañía ha soportado en esta actividad, con más de 70 millones de euros en números rojos antes de impuestos solo en 2024.
Según las estimaciones de DKV, de continuar con el nuevo contrato, las pérdidas podrían alcanzar los 100 millones de euros, una cifra insostenible para la aseguradora.
Un modelo infrafinanciado, según DKV
En un comunicado oficial, DKV ha señalado que el actual modelo de Muface está infrafinanciado. La compañía explica que el gasto en prestaciones médicas ha sido considerablemente superior a las primas recibidas.
Además, destaca que en los últimos diez años el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha crecido un 60,6%, mientras que las primas ponderadas de Muface solo han aumentado un 31,6%, prácticamente la mitad. Esta discrepancia, según la aseguradora, ha generado un desequilibrio económico insostenible.
Cobertura garantizada hasta la prórroga de 2024
DKV mantendrá la cobertura sanitaria a los 199.619 funcionarios y sus familias que atiende actualmente hasta que finalice la prórroga del concierto, extendida por el Gobierno hasta marzo de 2025. Sin embargo, una vez finalizado este periodo, los beneficiarios tendrán que cambiar de proveedor de servicios sanitarios.
La compañía había solicitado un aumento de las primas del 40% para 2025, mientras que la propuesta de la Administración solo contempla un incremento acumulado del 33,5% entre 2025 y 2027.
Intentos de reforma y una salida inevitable
En el último año, DKV asegura haber trabajado en propuestas para reformar el modelo y garantizar su sostenibilidad. Entre estas propuestas se incluían ajustes que vincularan el gasto sanitario público con el modelo de Muface, así como una distribución más equitativa de los recursos para garantizar una atención médica de calidad.
Sin embargo, la nueva licitación no recoge las demandas de la aseguradora. Según Fernando Campos, consejero delegado de DKV, «continuar con estas condiciones impactaría negativamente en la calidad del servicio a los mutualistas y en la remuneración de los profesionales sanitarios».
La situación con Asisa y Adeslas
La retirada de DKV se suma a la decisión de Adeslas, que anunció su salida del concierto el pasado 28 de diciembre. Esto deja a Asisa como la única aseguradora que, hasta ahora, ha mostrado interés en adherirse al convenio de Muface para los años 2025, 2026 y 2027.
Asisa, que cuenta con su propia red de hospitales y centros médicos, analiza actualmente las condiciones de la licitación lanzada por la Administración. Pese a las pérdidas que genera esta actividad, la compañía valora su continuidad como una forma de mantener empleo para su núcleo de profesionales médicos.
El plazo para unirse al concierto finaliza el próximo miércoles 15 de enero, y será entonces cuando se defina el futuro de la cobertura sanitaria para los funcionarios de Muface.
La retirada de Mugeju e incertidumbre internacional
Además de su salida de Muface, DKV también ha decidido no adherirse al convenio de Mugeju, la mutualidad de los jueces, para los años 2025 y 2026. Sin embargo, en el ámbito internacional, DKV continúa como único participante en la licitación del concierto anterior y espera alcanzar un acuerdo que garantice la sostenibilidad de sus servicios.
La aseguradora subraya que, aunque la nueva licitación internacional no recoge todas sus demandas, confía en lograr un entendimiento que permita continuar ofreciendo servicios en 2025, siempre que las condiciones económicas sean adecuadas.
Conclusión
La retirada de DKV del concierto de Muface marca un punto crítico en la gestión de la sanidad para funcionarios en España. Con pérdidas acumuladas y un modelo que considera insostenible, la aseguradora pone sobre la mesa la necesidad de una reforma estructural que permita equilibrar ingresos y gastos en este sistema.
El desenlace de esta situación dependerá de cómo la Administración y las aseguradoras encuentren un punto de equilibrio para garantizar una atención sanitaria de calidad sin comprometer la viabilidad económica de las entidades involucradas.
