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El 62% de los españoles ve «corrupción estructural» en el PSOE

Incluso un 36% de los votantes del PSOE, según sondeo de Sigma Dos, creen en ello: profundo desgaste de la imagen del Gobierno

Una amplia mayoría de los españoles, el 62%, considera que el PSOE alberga una «corrupción estructural« en su interior, una percepción que se extiende incluso a un tercio de los votantes que apoyaron a Pedro Sánchez en las elecciones de 2023.

Solo el 30,6% cree que los escándalos judiciales que afectan a exdirigentes socialistas son «casos aislados», como defiende el partido.

Estos datos proceden de un sondeo exclusivo realizado por Sigma Dos para EL MUNDO, con 2.182 entrevistas a mayores de edad con derecho a voto, efectuadas entre el 22 y el 29 de diciembre de 2025 (margen de error ±2,3%).

La encuesta revela un profundo desgaste en la imagen del Gobierno al inicio de 2026, marcado por casos como el de Koldo García, José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

Entre los votantes socialistas, el 56,2% mantiene la tesis oficial de «casos aislados», pero el 36%, una proporción superior incluso a la de los afines a Sumar (31,9%), ya percibe corrupción endémica. En el bloque contrario, la visión es abrumadora: el 86,6% de los del PP y el 93,2% de VOX hablan de «corrupción estructural».

Poco probable el adelanto electoral

Pese a este clima, el 63% de los ciudadanos cree que es «poco» (35,8%) o «nada» probable (27,2%) un adelanto electoral en 2026, apostando por que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027. Solo el 31% ve comicios cercanos.

Sin embargo, al preguntar por deseos para España en 2026, el 38,8% prioriza «elecciones» o un «cambio de gobierno», por encima de la paz mundial (32,5%). Este anhelo crece entre votantes de Sumar (46,4%), PP (41,9%) y VOX (42,3%), aunque también un 34,5% de socialistas lo comparte.

El año 2025 se valora negativamente: el 63,2% lo considera «peor» o «similar de malo» que 2024. En lo personal, los españoles piden salud (34,8%) y estabilidad política (13,8%).

Este sondeo confirma el desafío para el Ejecutivo en un año cargado de citas judiciales y presiones internas para convocar urnas.

 

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