La concejal de Urbanismo dimite: se convierte en la segunda víctima política del controvertido escándalo de las viviendas protegidas en la Playa de San Juan
La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado su dimisión. Se convierte en la segunda víctima política del controvertido escándalo de las viviendas protegidas en la Playa de San Juan.
La revelación de que Gómez fue adjudicataria de uno de los pisos en esta promoción ha desatado un vendaval de críticas y exigencias de transparencia, poniendo en jaque al equipo de gobierno del Partido Popular liderado por el alcalde Luis Barcala.
Prometía vivienda asequible para los alicantinos, pero la primera en beneficiarse fue ella. Se trata de Rocío Gómez, concejal de Urbanismo del PP en Alicante, forzada a dimitir tras adjudicarse a sí misma una vivienda de protección oficial en una promoción de lujo frente a la Playa de San Juan.
Opción asequible
La promoción en cuestión, impulsada por la cooperativa Residencial Les Naus, consta de 140 viviendas construidas sobre suelo municipal adquirido por 6,6 millones de euros.
Estas unidades, tasadas en alrededor de 1.200 euros por metro cuadrado, entre 200.000 y 230.000 euros por piso, representan una opción asequible en medio de la burbuja inmobiliaria que azota la ciudad. Sin embargo, el proceso de adjudicación por antigüedad en la lista de cooperativistas ha generado sospechas, especialmente al involucrar a cargos públicos y sus allegados.
Gómez, arquitecta de 33 años y en el cargo desde 2023, se inscribió como cooperativista número 18 en la promoción. Actualmente de baja por maternidad, ha aportado toda la documentación requerida para la investigación en curso y ha decidido renunciar para «no interferir» en el proceso.
El arquitecto, entre los beneficiarios
Esta dimisión sigue a la de María Pérez-Hickman, exdirectora general de Urbanismo, cuyos dos hijos también obtuvieron viviendas en la misma promoción. Además, el arquitecto municipal Francisco Nieto figura entre los beneficiarios, lo que ha avivado las acusaciones de favoritismo.
Desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista, liderado por Ana Barceló, ha calificado el caso como un «grave problema político«. Barceló ha exigido explicaciones al alcalde Barcala. «No actuó con la transparencia exigible ni estableció controles en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal. La máxima responsabilidad sigue siendo del alcalde. Tiene que dar explicaciones sobre por qué no estableció controles y si existen más cargos públicos o allegados del PP beneficiados».
Un responsable de Fraorgi S.L., empresa vinculada a la cooperativa, defendió el proceso. «Cualquiera puede inscribirse en nuestra web y entrar en lista de espera. Las adjudicaciones se hacen por rigurosa antigüedad. Ahora tenemos 2.000 personas esperando futuras construcciones». No obstante, el PSPV insiste en una investigación exhaustiva para «llegar al fondo del asunto y garantizar que no vuelva a ocurrir».
Lo cierto es que es la primera promoción de este tipo en décadas, y sus implicaciones podrían extenderse más allá del consistorio, afectando la credibilidad del PP en un contexto de crisis habitacional. Mientras, organizaciones como el Sindicato de Inquilinos piden reformas urgentes en la ley de suelo para priorizar el acceso equitativo.
Con esta renuncia, Barcala pierde a una figura clave en Urbanismo, y el debate sobre la ética en las adjudicaciones públicas se intensifica. Fuentes municipales aseguran que se nombrará un sustituto en breve, pero el daño reputacional podría influir en las próximas elecciones locales.
