Ofensiva judicial del sector primario en Andalucía
La expansión de megaplantas solares en Jaén ha generado un intenso conflicto entre las autoridades y los colectivos rurales, que han decidido llevar el caso ante los tribunales. El Ayuntamiento de Lopera y la Junta de Andalucía se enfrentan a recursos contencioso-administrativos promovidos por SOS Rural, Asociación Ecología y Libertad y la Plataforma Campiña Norte.
Estas organizaciones denuncian que algunos proyectos fotovoltaicos han sido fragmentados en varias instalaciones de menos de 50 megavatios, con el objetivo de evitar la supervisión directa del Ministerio para la Transición Ecológica. Según los colectivos, estas iniciativas afectarían a miles de olivos y tierras agrícolas de gran valor del municipio, poniendo en riesgo tanto el ecosistema como la economía tradicional del olivar.
Recursos judiciales contra la Junta y el Ayuntamiento
Los procedimientos legales, presentados el 16 y 28 de enero, se centran en dos frentes:
- Una resolución de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía que rechazó revisar varias autorizaciones.
- El Decreto 2025-572 firmado por la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, que levantó la paralización temporal de licencias de obra de los parques solares.
Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, explica que la división de los proyectos en varias plantas busca eludir una evaluación ambiental conjunta, evitando así medir el impacto total sobre el ecosistema y la agricultura del municipio.
Desde los colectivos rurales, se critica que la tramitación inmediata de licencias podría causar daños irreversibles antes de que los tribunales se pronuncien, describiendo la decisión como precipitada y arriesgada.
Energías renovables vs. agricultura tradicional
SOS Rural sostiene que esta acción forma parte de una estrategia jurídica nacional frente a grandes desarrollos fotovoltaicos en tierras de cultivo, que se repite en regiones como Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Castilla y León. Según la organización, estas infraestructuras energéticas están desplazando progresivamente a la agricultura tradicional.
Los colectivos aclaran que no están en contra de las energías renovables, sino que exigen una planificación que respete el medio rural: “La transición energética es necesaria, pero no puede comprometer los suelos que nos alimentan ni el marco legal vigente”, destacan. Su propuesta defiende un modelo sostenible que combine desarrollo energético y protección del paisaje agrícola.
