La investigación judicial continúa bajo secreto
Julio Martínez Martínez, empresario vinculado al caso Plus Ultra, fue detenido en diciembre en Madrid con entre 300.000 y 400.000 euros en efectivo en su vivienda. La operación policial se enmarca dentro de una investigación judicial aún bajo secreto, que analiza una red de pagos, intermediarios y operaciones financieras de posible origen irregular.
Según El Mundo, durante su declaración ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Martínez aseguró que el dinero provenía de la venta de un inmueble no declarado a Hacienda y de otras operaciones familiares. Negó que los fondos tuvieran origen ilícito y se reservó el derecho a no responder más preguntas hasta que se levante el secreto de sumario y se aclaren los delitos que se le imputan.
Martínez fue contratado por la aerolínea Plus Ultra hace más de seis años para actuar como intermediario con altos cargos del gobierno venezolano. Entre sus funciones estaban la resolución de incidencias operativas en Venezuela, gestiones aduaneras y transporte de repuestos de aeronaves. Fuentes cercanas afirman que también buscó oportunidades de negocio en el sector aéreo, percibiendo por ello cerca de 500.000 euros.
Este rol convirtió al empresario alicantino en un gestor clave para la compañía en un entorno complicado, gracias a su capacidad de interlocución con jerarcas chavistas. Tanto desde su entorno como desde la aerolínea, se insiste en que los servicios prestados fueron legítimos y relevantes. Además, se niega que Martínez tuviera conocimiento previo de la operación policial que derivó en su arresto.
El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid investiga actualmente a Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros públicos durante la pandemia bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, así como a sus principales directivos y asesores, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todos los investigados permanecen en libertad con medidas cautelares.
El centro de la investigación se sitúa en préstamos otorgados a Plus Ultra por el financiero Simon Leendert Verhoeven, quien está bajo investigación en Suiza y Francia por su presunta participación en un entramado internacional de lavado de dinero vinculado a Venezuela. En medio de las negociaciones del rescate público, Plus Ultra recurrió a Verhoeven como prestamista, aceptando intereses del 9% y una comisión adicional del 2%.
Los fondos habrían sido canalizados mediante sociedades offshore, como Valerian Corporation Limited (Gibraltar), Wailea Invest y Allpa Wira (Reino Unido). La Policía Judicial considera que estas operaciones podrían constituir blanqueo de capitales, al sospechar que el dinero tiene origen en actividades ilegales en Venezuela. La investigación también alcanza a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y a su ejecutivo principal, Roberto Roselli.
Martínez Martínez ha negado cualquier relación con estos préstamos o sociedades, y se declaró sorprendido por su detención.
El caso Plus Ultra también ha salpicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras acusaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos y del empresario Víctor de Aldama sobre supuestas presiones para facilitar el rescate público. Zapatero ha rechazado rotundamente estas afirmaciones, calificándolas de “deplorables falsedades”.
Aldama, colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, añadió que Koldo García, exasesor de Ábalos, le mencionó una posible comisión de 10 millones de euros en Panamá vinculada al rescate. García no ha desmentido estas declaraciones, generando dudas sobre el patrimonio del exmandatario socialista.
Zapatero sí reconoció haber recibido pagos de Martínez a través de la sociedad Análisis Relevante por “servicios profesionales” anteriores a la pandemia, definidos como consultorías internacionales. No detalló las cantidades ni el contenido exacto de estos trabajos, pero aseguró que su patrimonio se limita a un solar en Madrid y un bungalow en Lanzarote, sin cuentas en el extranjero.
