Vicente Fernández, exasesor de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, actuó como «muleta»
En un golpe al corazón del PSOE, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Todo por su presunta implicación en una red de desvío de comisiones ilegales en contratos públicos.
Fernández, exasesor de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, actuó como «muleta» para canalizar sobornos al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, según fuentes de la investigación consultadas por El Debate.
La detención se produce junto a Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE y figura clave en la financiación irregular del partido. La trama, que vincula a Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, se divide en dos ramas: una para el cobro de mordidas y otra para manipular concursos públicos.
Fernández, incorporado al Gobierno en 2018 por Montero, habría justificado adquisiciones inmobiliarias con fondos negros procedentes de estos desvíos, disparando su patrimonio de cero a más de 5 millones de euros en apenas siete años.
Datos abrumadores
Los datos son abrumadores. Tras su llegada a Hacienda, Fernández (el de la SEPI) adquirió un piso de lujo en Puerta de Hierro (Madrid) por 1,4 millones en agosto de 2018. Le siguieron propiedades en Marbella (450.000 euros en 2019), Carib Playa (495.000 euros en 2022) y un chalet en La Juliana (Sevilla) por 390.000 euros en 2024.
En mayo de 2025, compró otro piso en Jardines de Don Carlos por 495.000 euros, más garajes por 67.000. Su fortuna totaliza 3,95 millones en inmuebles y 1,04 millones en inversiones, incompatible con sus ingresos declarados, según la UCO.
Vicente Fernández y Servinabar
El foco de Fernández (el de la SEPI) está en su relación laboral con la constructora Servinabar (2021-2023), que obtuvo un contrato de 72 millones para reformar el túnel de Belate. De esa cifra, al menos 6 millones se habrían desviado hacia la red, regados desde la empresa para financiar el «mecanismo de financiación encubierta».
La UCO sospecha que Fernández sirvió de «persona interpuesta» para Cerdán, quien necesitaba una figura ajena políticamente para blanquear sobornos. «Es preciso analizar en profundidad el origen de los fondos y su relación con las operaciones durante su estancia en el Gobierno», indican los investigadores.
Trama Ábalos-Koldo
La cronología coincide con el auge de la trama Ábalos-Koldo, que ya salpica al Ejecutivo. Andalucía y Murcia, regiones clave para el PSOE, tiemblan ante las repercusiones. Fuentes judiciales del Tribunal Supremo avanzan que la pesquisa podría extenderse a más altos cargos. Montero, que impulsó su carrera, guarda silencio, mientras el partido cierra filas. ¿Caerá otro pilar de la Moncloa en esta vorágine de corrupción?
La detención del señor de la SEPI marca un antes y un después. Fernández y Díez pasaron a disposición judicial, donde se prevé que declaren sobre las transferencias opacas. Expertos en blanqueo alertan: «Este caso expone cómo el poder público se convierte en cajero automático para élites partidistas«. Con elecciones europeas en el horizonte, el PSOE enfrenta su mayor crisis desde el caso ERE.
