Cien agricultores de Córdoba y Jaén verán sus tierras expropiadas y sus 100.000 olivos talados para hacer una planta fotovoltaica
‘Exprópiese’ fue el término que en su momento se hizo muy popular cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la utilizó en un acto público para ordenar la nacionalización de varias empresas. De esos primeros movimientos del comunismo, la consecuencia es la dictadura más atrás que están viviendo los ciudadanos de Venezuela y que muchos dirigentes españoles de la ultra (y no tan ultra) izquierda quieren implementar al tiempo que, sin pudor alguno, denigran sin miramientos a las ‘sus’ mujeres progres.
La palabra «expropiar» se refiere al acto de transferir la propiedad privada al Estado, generalmente por motivos de utilidad pública y a menudo con alguna forma de compensación.
Y precisamente, como ha denunciado la revista Jara y Sedal, la creación de una gran planta fotovoltaica en terrenos de Jaén y Córdoba supondrá la expropiación y tala de unos 100.000 olivos y la desaparición del medio de sustento de decenas de familias.
Sin embargo, cientos de agricultores de Córdoba y Jaén se están movilizando en la lucha contra las multinacionales (el lobby renovable) de las energías supuestamente renovables.
Expropiación y tala de olivos
Bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’, los trabajadores del campo protestan contra una serie de macroproyectos que implican la expropiación forzosa de sus tierras y la tala de sus olivos, que han sido cultivados durante generaciones y son la base de su subsistencia.
Además, estos proyectos se están promoviendo en una zona que se propuso para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco bajo el título de Paisaje del Olivar Andaluz. Además, en la zona se han encontrado restos arqueológicos, aunque esto no ha sido suficiente para detener el proyecto.
Pero nada importa ya que el 7 de noviembre, los propietarios afectados han sido citados para iniciar los trámites de expropiación de sus tierras. En los municipios jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo, se perderán hasta 100.000 olivos, según estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas solares. La superficie afectada equivale a unos 100 campos de fútbol.
Proyectos de ‘utilidad pública’
Greenalia Solar es la empresa que promueve los proyectos Zumajo I y II en estos municipios, y todos ellos han sido declarados de utilidad pública. Las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades por el momento han sido desestimadas.
Según los afectados, estos proyectos no crearán empleos, sino que “acabarán con el sustento de muchas familias y contribuirán activamente a la destrucción de puestos de trabajo locales. La recolección de aceitunas es «un sector clave para la economía de la región”.
Según el comunicado de la Plataforma de la Campiña Norte, “los megaproyectos se han presentado troceados en otros más pequeños, que están situados muy próximos entre sí, pero que individualmente considerados no superan los 50 megavatios o las 100 hectáreas de superficie ocupada”.
Al expropiarles la tierra, Greenalia pasa directamente a disponer de los terrenos. “El riesgo para ellos es mínimo y a nosotros nos están quitando las tierras de nuestros antepasados”, afirma el comunicado.
La Junta, contra la megaplanta
Como única solución para frenar estos macroproyectos, que cuentan con el respaldo de la Diputación de Jaén y de la Junta de Andalucía, los afectados animan a los ayuntamientos a cambiar sus planeamientos urbanísticos para limitar y restringir las instalaciones de grandes extensiones de placas solares.
Por su parte, Greenalia defiende sus proyectos destacando las grandes cantidades de CO2 que la puesta en servicio de estos parques solares evitará lanzar a la atmósfera. De esta manera, mientras los agricultores luchan por proteger sus tierras y su modo de vida, las empresas de energía solar argumentan que sus proyectos son esenciales para combatir el cambio climático y proporcionar energía limpia a miles de hogares.
Cómo evitar una expropiación forzosa
La revista Jara y Sedal recalca además, en un amplio artículo, que evitar una expropiación una vez que el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento ha declarado el acto administrativo es una tarea compleja y casi imposible. “Sin embargo, existen algunas etapas del proceso en las que se puede revertir la acción, total o parcialmente”.
La primera oportunidad surge cuando la Administración declara el acto administrativo y publica la lista de propiedades afectadas. En ese momento, el propietario tiene 15 días para presentar alegaciones tanto de forma como de fondo contra el acto administrativo. Se pueden proponer alternativas al plan o proyecto que justifica la expropiación.
Es posible identificar errores en los estudios o procedimientos administrativos que llevaron a la declaración de expropiación o impugnarla completamente si se considera que no se trata de un proyecto de utilidad pública. Es recomendable contar con el apoyo de profesionales del derecho para presentar las alegaciones, dado que el plazo es limitado a 15 días.
Oportunidades adicionales
Si no se puede evitar el acto administrativo, existen al menos tres oportunidades adicionales para intentar revertir la expropiación:
- Cuando la Administración expropia más terreno del necesario para el proyecto de utilidad pública.
- Si han pasado dos o más años desde el anuncio del servicio o proyecto que motivó la expropiación y no se ha realizado ninguna obra o alteración del terreno.
- Cuando la causa que motivó la expropiación ha desaparecido.
Como último recurso queda la asociación y el activismo, que es lo que está haciendo la Plataforma de la Campiña Norte STOP megaplantas solares, que lucha precisamente sobre el Gobierno ‘amigo’ de Pedro Sánchez y su Ministerio de Transición Ecológica.
