El juicio del conocido ‘caso Koldo’ se celebrará después de Semana Santa en el Tribunal Supremo a pesar de la renuncia de Ábalos a su escaño
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha rechazado de plano en el conocido como ‘caso Koldo’ o ‘caso mascarillas’, las peticiones de las defensas del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García para trasladar, el juicio desde el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional.
Luzón argumenta que el Supremo mantiene su competencia, a pesar de la renuncia de Ábalos a su escaño en el Congreso, y ha negado rotundamente cualquier tipo de «acuerdo opaco» con el empresario Víctor de Aldama, clave en la investigación por su confesión de pagos de sobornos.
Organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales
Esta posición se dio a conocer durante una audiencia preliminar celebrada este jueves en el Alto Tribunal, que marca el prólogo al inminente juicio por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales relacionados con contratos públicos durante la pandemia de COVID-19.
El caso se centra en las adjudicaciones irregulares de material sanitario, principalmente mascarillas, a la empresa Soluciones de Gestión, representada por Aldama.
Según la Fiscalía, Ábalos y Koldo García se habrían concertado para obtener beneficios económicos a cambio de favorecer estos contratos, aprovechando la posición del exministro en el Ejecutivo y en el partido.
La investigación revela que Aldama pagó comisiones millonarias: casi un millón de euros a Ábalos y alrededor de 500.000 euros a Koldo entre 2019 y 2022, garantizando acceso directo al ministro y adjudicaciones ventajosas en entidades como Puertos del Estado, Adif y el Ministerio de Transportes.
Estos pagos, según las acusaciones, incluyeron dinero en efectivo, viajes de lujo y hasta la reforma de una vivienda, todo ello enmarcado en una supuesta organización criminal que operaba en plena crisis sanitaria.
Antecedentes del escándalo
El «caso Koldo» estalló en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García, mano derecha de Ábalos, por su presunta implicación en una red de corrupción que infló contratos de emergencia para suministros médicos.
La trama se amplió rápidamente al exministro, quien inicialmente negó cualquier vínculo, pero cuya implicación se consolidó con las declaraciones de Aldama, un empresario con antecedentes en el fútbol (ex presidente del Zamora CF) y conexiones en el mundo de los negocios públicos.
Aldama, considerado el «conseguidor» de la trama, confesó haber pagado sobornos para asegurar contratos por valor de más de 52 millones de euros, adjudicados sin controles adecuados durante el estado de alarma.
En noviembre de 2025, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente procesó a Ábalos, Koldo y Aldama, enviando a los dos primeros a prisión provisional sin fianza por «riesgo extremo de fuga«, dada la gravedad de las penas solicitadas. Ábalos, quien fue secretario de Organización del PSOE hasta su expulsión, renunció a su acta de diputado en diciembre de 2025, perdiendo así su aforamiento.
Esta renuncia es el eje de la estrategia defensiva: tanto el abogado de Ábalos, Gonzalo Boye, como la letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, argumentan que, sin aforamiento, el caso debe bajar a la Audiencia Nacional para garantizar el derecho a la doble instancia y evitar un juicio sin apelación posible.
Además, solicitan la nulidad de la causa por supuestas irregularidades procesales, como la investigación paralela en la Audiencia Nacional por los mismos hechos, y piden un jurado popular, opción que Luzón también descarta tajantemente.
La posición del fiscal
En la audiencia preliminar de este jueves, Luzón defendió la competencia del Supremo basándose en la ley: el procedimiento se inició cuando Ábalos aún era aforado, y su renuncia posterior no altera la jurisdicción. «La pérdida de aforamiento no implica la pérdida de competencia del tribunal que ya ha abierto juicio oral», argumentó el fiscal, alineándose con las acusaciones populares (incluido el PP) y la defensa de Aldama. Rechazó cualquier idea de que el juicio deba trasladarse, calificando las peticiones de las defensas como intentos de dilatar el proceso.
Uno de los puntos más controvertidos fue la supuesta «conformidad» con Aldama. La defensa de Ábalos acusó a la Fiscalía de «exacerbar» la imputación basada solo en la declaración de Aldama, sugiriendo un «pacto opaco» que premiaría al empresario con una pena menor (7 años) a cambio de incriminar al exministro.
Luzón lo negó con vehemencia: «No hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Víctor de Aldama. No existe conformidad en puridad. La menor petición de pena es la que establece imperativamente el Código Penal por su colaboración, que incluye atenuantes legales por confesión y reparación del daño».
«No ha firmado un acuerdo opaco con la Fiscalía»
El abogado de Aldama, por su parte, respaldó esta versión: «No ha firmado un acuerdo opaco con la Fiscalía. Su colaboración es proactiva y se limita a lo previsto en la ley».
Aldama, quien compareció en libertad provisional, ha admitido por escrito todos los delitos imputados (organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada), lo que fortalece la acusación y complica la defensa de Ábalos y Koldo.
En un escrito reciente, solicitó reducir su pena a la mitad, argumentando su «colaboración proactiva con la Justicia», pero la Fiscalía no contempla rebajas adicionales más allá de los atenuantes ya aplicados.
Peticiones de pena y las acusaciones populares
La Fiscalía Anticorrupción mantiene sus peticiones iniciales: 24 años de prisión para Ábalos por organización criminal, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias; 19 años y medio para Koldo por delitos similares; y 7 años para Aldama, reconociendo su confesión.
Las acusaciones populares, lideradas por el PP, elevan las penas a 30 años para Ábalos y Koldo, destacando el daño al erario público en un momento de crisis sanitaria. Además, se solicitan multas millonarias y la devolución de los fondos malversados.
Implicaciones políticas
Este caso no solo afecta a los implicados directos, sino que salpica a figuras como el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado en otra pieza por amaños en adjudicaciones. Ábalos ha criticado públicamente el «pacto» entre Aldama y la Fiscalía, alegando que el empresario incriminó a miembros del Gobierno para obtener libertad, y niega cualquier acuerdo con el PSOE para su renuncia al escaño. Fuentes del partido insisten en que se trata de un asunto personal, pero el escándalo ha erosionado la imagen del Ejecutivo.
El Supremo ha rechazado recusaciones a cinco magistrados planteadas por las defensas y prevé celebrar el juicio oral en las próximas semanas, posiblemente tras Semana Santa.
Si se confirma la competencia del Alto Tribunal, no habrá recurso posible contra la sentencia, lo que intensifica la presión sobre Ábalos y Koldo. Mientras tanto, otras ramas del caso continúan en la Audiencia Nacional, incluyendo pagos en efectivo al PSOE y tráfico de influencias en el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres.
