El Ejecutivo releva a medios subvencionados en la campaña contra el cantante, ahora por trabajadoras que viajaron autorizadas por el consulado en verano de 2021
Cortina de humo gubernamental de peor calidad que la del diario de Escolar: de señalar a Julio Iglesias por presuntos crímenes sexuales, a acusarlo de irregularidades administrativas de hace un lustro. Julio Iglesias enfrenta una investigación administrativa del Ejecutivo por presuntas irregularidades en la contratación de personal doméstico dominicano en verano de 2021.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inició un expediente contra Julio Iglesias tras detectar que trajo a España a varias empleadas procedentes de República Dominicana utilizando visados turísticos en lugar de permisos laborales específicos.
Fuentes oficiales confirmaron que el procedimiento busca aclarar si se incumplieron las normas de inmigración y empleo al permitir trabajo remunerado con autorizaciones solo para estancias cortas de turismo, negocios o estudios breves, indica Ok Diario.
Por su parte, fuentes cercanas al cantante defienden que las empleadas viajaron con todos los permisos requeridos por la ley en ese momento y que el consulado aprobó las solicitudes. El entorno de Julio Iglesias prepara su defensa con documentación y testigos que avalan la legalidad del proceso en origen.
Lo autorizó el consulado, pero investigan a Julio
En julio de 2021, el propio Julio Iglesias solicitó al consulado español en República Dominicana visados Schengen tipo C para estas trabajadoras, que prestaban servicios en su mansión de Punta Cana y después se trasladaron temporalmente a su residencia en Marbella.
Aunque el cantante cubrió gastos como viaje, seguro, alojamiento y alimentación, y se comprometió a hacerse cargo de emergencias médicas e imprevistos, las empleadas y no contaron con contratos formales de trabajo en España. Las empleadas no son las mismas de la anterior campaña mediática contra el artista.
El visado concedido no autorizaba actividad laboral remunerada, indica el citado medio, lo que motivó la apertura del expediente por parte del Gobierno. La investigación se enmarca en un contexto más amplio de denuncias contra el artista, aunque este caso se centra exclusivamente en aspectos migratorios y laborales.
