Enresa adjudica el contrato para desmantelar la planta mientras los afectados reclaman un plan de reindustrialización que evite perder el 5% del PIB regional
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) adjudicó un contrato de 27 millones de euros a un consorcio formado por Sacyr Industrial, Moncobra y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, que se encargará de desmantelar la central nuclear de Almaraz.
Ubicada en Cáceres, su actividad cesó el pasado 1 de noviembre tras 42 años de operación. Este paso, que inicia la fase uno del desmantelamiento prevista hasta 2033, lo generó inquietudes en los afectados por sus repercusiones económicas y en el empleo.
Además, fuentes del sector nuclear indicaron a Ok Diario que este proceso acelera la dependencia de energías renovables en España, donde Almaraz producía el 7% de la electricidad nacional antes de su apagado, obligando ahora a importar más energía de fuentes externas.
Se repite el patrón del cierre de una planta sin un plan de reindustrialización que mitigue sus consecuencias
El cierre de Almaraz pone en jaque cerca del 5% del PIB de Extremadura, según estimaciones de sindicatos como UGT, que destacan cómo la planta generaba alrededor de 1.000 empleos directos y contribuía con más de 300 millones anuales a la economía regional a través de contratos y salarios.
Por su parte, la Junta de Extremadura expresó preocupación por el impacto fiscal, dado que la planta aportaba impuestos locales significativos, y urgió a Enresa a priorizar contrataciones regionales en las obras de desmantelamiento para mitigar las pérdidas inmediatas.
Representantes sindicales advirtieron que, sin un plan de reindustrialización sólido, la región podría enfrentar un declive similar al de otras zonas nucleares desmanteladas, donde el desempleo se disparó y las inversiones tardaron en llegar, agravando la despoblación en áreas rurales como Cáceres.
UGT Extremadura reclamó al Gobierno sanchista que active un convenio de transición justa similar al de otras regiones afectadas, ya que «el desmantelamiento no puede ser un fin en sí mismo, sino el inicio de una nueva etapa industrial» que incluya formación para reconvertir a los trabajadores afectados.
