Incertidumbre para miles de empleados públicos
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a sorprender con una medida que afecta directamente al bolsillo de los trabajadores de la administración. Según se ha conocido, el Gobierno permitirá a las Comunidades Autónomas aplazar el pago de la subida salarial pactada para los funcionarios, generando una nueva ola de indignación en el sector.
Improvisación y falta de compromiso
Esta decisión pone de manifiesto, una vez más, la fragilidad de las cuentas públicas y la falta de seriedad a la hora de cumplir los compromisos adquiridos. Lo que se vendió como una mejora garantizada ahora queda a merced de la disponibilidad presupuestaria de cada región.
¿Cuándo cobrarán la subida?
Consecuencias que el Gobierno no quiere mencionar
Detrás del mensaje edulcorado de “flexibilidad para las autonomías”, lo que muchos funcionarios interpretan es otra cosa: un recorte encubierto disfrazado de aplazamiento.
La incertidumbre llega en el peor momento, con una inflación que no da tregua y con miles de empleados públicos que ya habían ajustado sus presupuestos familiares contando con esa subida. El malestar crece y los sindicatos hablan abiertamente de “tomadura de pelo”.
Las comunidades, entre la espada y la pared
La maniobra coloca a los gobiernos autonómicos en una posición incómoda: si pagan ahora, se ahogan; si retrasan, asumen el desgaste. Varias regiones ya advierten de que la decisión no es técnica, sino política, y que el Ejecutivo central vuelve a trasladar la responsabilidad a otros para evitar asumir el coste ante la opinión pública. El resultado es un clima de tensión que recuerda a los retrasos vividos en 2023 con otras partidas comprometidas.
Un problema que puede escalar rápido
Si las autonomías no consiguen cuadrar sus cuentas, los retrasos podrían prolongarse durante meses. Y nadie en el Gobierno aclara qué pasará si una comunidad decide no ejecutar la subida hasta nuevo aviso.
La sensación general es que se abre un escenario incierto que podría derivar en movilizaciones, protestas y un nuevo enfrentamiento territorial, esta vez con los funcionarios como víctimas colaterales.
La medida abre la puerta a retrasos indefinidos, dejando a miles de familias sin saber cuándo verán reflejado en sus nóminas el incremento que les corresponde por ley.
