El anuncio ha sido recibido con alivio por el tejido empresarial. «Es una victoria para los pequeños negocios, que necesitan más tiempo”
En una decisión de última hora, el Gobierno ha anunciado el aplazamiento de la obligación para que millones de empresas y autónomos se conecten al sistema Verifactu, el nuevo software de facturación electrónica diseñado por la Agencia Tributaria.
Esta medida, que permite a Hacienda acceder en tiempo real a la facturación de las compañías, estaba programada para entrar en vigor de manera inexorable el 1 de enero de 2026. Sin embargo, según reveló el presidente Pedro Sánchez, el plazo se pospondrá hasta 2027, ofreciendo un respiro a los afectados.
La noticia llega tras un año intenso de campañas por parte de la Agencia Tributaria. Representantes de la entidad han recorrido España de norte a sur, visitando cámaras de comercio, organizaciones empresariales, colegios profesionales y asociaciones de autónomos.
En estos foros, han insistido en una cuenta atrás inminente, explicando los detalles del sistema y urgiendo a las empresas a prepararse. «Faltan 125 días, faltan 67 días, faltan 34 días…», ha sido el mantra repetido para subrayar la urgencia de adoptar Verifactu, un herramienta que garantiza la trazabilidad y autenticidad de las facturas, combatiendo el fraude fiscal.
Este aplazamiento responde a las presiones de diversos sectores. Asociaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han solicitado repetidamente una prórroga, argumentando que la transformación digital acelerada representa un desafío significativo para pymes y autónomos.
Retraso hasta 2027
Muchos de ellos carecen de recursos para adaptar sus sistemas informáticos a tiempo, lo que podría generar costes adicionales y complicaciones operativas. Según expertos, el retraso hasta 2027 permitirá una implementación más gradual, con mayor apoyo en formación y subsidios para software homologado.
Verifactu forma parte de una reforma más amplia en la facturación electrónica, impulsada por la Ley Crea y Crece y alineada con directivas europeas. A partir de su obligatoriedad, todas las empresas deberán usar programas certificados que envíen facturas en tiempo real a Hacienda, excluyendo ventas a particulares pero afectando transacciones B2B.
Para los autónomos, el plazo original ya era más flexible, hasta julio de 2026 en algunos casos, pero esta nueva extensión unifica el horizonte.
Burocracia digital
El anuncio ha sido recibido con alivio por el tejido empresarial. «Es una victoria para los pequeños negocios, que necesitan más tiempo para no colapsar bajo la burocracia digital«, comentó un representante de ATA.
No obstante, la Agencia Tributaria advierte de que el aplazamiento no exime de prepararse, ya que 2026 seguirá siendo un año de transición voluntaria con incentivos.
Esta medida podría impactar en la recaudación fiscal, aunque el Gobierno asegura que el objetivo antifraude se mantendrá intacto a largo plazo. Fuentes del Ministerio de Economía indican que se publicará un real decreto en las próximas semanas con los detalles precisos del nuevo calendario.
Según informa ABC, esta decisión in extremis evita un posible caos administrativo al inicio del año. Con millones de afectados, el aplazamiento busca equilibrar la modernización tributaria con la realidad económica de las empresas españolas.
