Se trata de personas que en Argentina no se han presentado a la revisión médica obligatoria; presuntamente eran pensiones fraudulentas
El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha dado de baja o suspendido más de 80.000 pensiones no contributivas por invalidez en el marco de una auditoría nacional en Argentina.
El objetivo de la revisión ha sido depurar el padrón de beneficiarios y asegurar que la ayuda estatal llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.
El operativo de control de Milei, que abarcó a más de un millón de perceptores de este tipo de prestación, reveló datos contundentes: alrededor del 60% de los convocados no asistió a la evaluación médica obligatoria.
Inasistencia y renuncias
Como resultado, se ejecutaron 65.230 suspensiones por inasistencia, a las que se sumaron 8.207 renuncias voluntarias y 6.643 ceses por fallecimiento.
La investigación de Milei llevada adelante por la ANDIS expuso cientos de irregularidades. Expedientes que contenían certificados clínicos apócrifos, una misma radiografía usada en decenas de solicitudes, dolencias mínimas como excusa para acceder a la pensión… Y hasta personas detenidas o fallecidas que seguían figurando como beneficiarios. Incluso el Gobierno de Milei detectó casos de suplantación de identidad durante los exámenes médicos.
Desde el Ejecutivo de Milei destacan que esta medida no solo busca poner orden, sino también garantizar una distribución más justa de los recursos del Estado. “Esta auditoría es clave para redireccionar la asistencia a quienes sí requieren apoyo y acompañamiento real”.
Recorte del gasto público
Gracias a esta acción, el Gobierno de Argentina prevé un recorte en el gasto público cercano a los 23.000 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 21 millones de euros según el tipo de cambio actual.
La administración de Milei defiende la medida como un paso necesario hacia la transparencia y la eficiencia en la asignación del gasto social.
