Continúa el despilfarro internacional del dinero de los españoles mientras el sector primario nacional es arruinado
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado una ayuda pública de 250.000 euros destinada a la mejora del regadío sostenible en varias regiones de Túnez, según recoge el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP). La convocatoria, publicada el 12 de enero de 2026 y adelantada por el exdiputado Pablo Cambronero, ha generado una fuerte polémica por coincidir con la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas en España.
La subvención se concede mediante adjudicación directa, bajo la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación, y tiene como finalidad mejorar la gestión integral del agua para riego en las gobernaciones tunecinas de Monastir y Mahdia, de acuerdo con la documentación oficial del Gobierno.
Críticas por la falta de inversiones hidráulicas en España
El anuncio de esta ayuda internacional ha provocado críticas al producirse en un contexto en el que el propio Ejecutivo reconoce que no dispone de presupuesto ni planificación para ejecutar obras hidráulicas pendientes en territorio nacional. Entre ellas destaca la actuación en el barranco del Poyo, una infraestructura considerada clave para la prevención de inundaciones y la seguridad de la zona, largamente demandada por vecinos y autoridades locales.
El contraste entre el financiamiento de proyectos agrícolas en el extranjero y la paralización de actuaciones esenciales para el campo español ha reabierto el debate sobre las prioridades del Gobierno en política hidráulica y gestión de recursos públicos.
Debate sobre cooperación internacional y prioridades nacionales
Desde distintos sectores se cuestiona que, mientras se destinan fondos públicos a iniciativas de regadío fuera de España, no se den soluciones a problemas estructurales que afectan directamente a agricultores, territorios y poblaciones españolas. Esta situación ha intensificado las críticas hacia la estrategia del Ejecutivo en materia de cooperación internacional frente a las necesidades internas.
Según la ficha oficial de la convocatoria, el presupuesto total del proyecto asciende exactamente a 250.000 euros, financiados íntegramente con fondos públicos y sin exigir aportación económica ni contraprestación a los beneficiarios. No obstante, la información publicada no concreta los indicadores de impacto, seguimiento ni control de resultados del proyecto en Túnez.
El foco vuelve al destino de los fondos públicos
Esta decisión del Gobierno ha vuelto a situar en el centro del debate político el destino de los impuestos y la necesidad de equilibrar las inversiones en el exterior con las infraestructuras hidráulicas pendientes en España, especialmente en un contexto de sequía, presión sobre el sector agrario y demandas crecientes de seguridad hídrica.
