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El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido invertir 700.000 euros en proyectos de cooperación internacional en Etiopía, centrados en la producción sostenible de café y la inclusión de la perspectiva de género. Según informa The Objective, los fondos públicos españoles cruzan fronteras hacia uno de los países más empobrecidos del mundo, donde millones de personas enfrentan hambre, escasez de agua potable y falta de acceso a servicios médicos básicos.
Subvenciones enfocadas en género, digitalización y cambio climático
Los recursos provienen de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y reflejan las prioridades marcadas por el Gobierno en su política exterior. Aunque las cifras no son excesivas, los proyectos destacan por su enfoque ideológico y por la terminología inspirada en la Agenda 2030.
Entre las iniciativas financiadas se incluyen:
- 200.000 euros para el proyecto “Contribución a la sostenibilidad en la producción y procesamiento del café mediante sistemas innovadores basados en la naturaleza con perspectiva de género”.
- Otra subvención de 200.000 euros para “Apoyo a la transición digital del proyecto de universidades transformadoras de género”.
- Dos ayudas adicionales, que suman 500.000 euros, bajo el programa “Mujeres, café y clima DeSIRA EFD”.
Controversia por la prioridad de los fondos
Estas iniciativas, presentadas como parte de la cooperación internacional, contrastan con la crítica situación humanitaria de Etiopía. Conflictos internos, sequías y pobreza extrema afectan a millones de personas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la conveniencia de destinar recursos a proyectos de digitalización y género en un país con necesidades básicas insatisfechas.
Expertos señalan que, en contextos de emergencia humanitaria, la ayuda debería priorizar alimentación, agua potable y atención sanitaria antes de proyectos ideológicos o tecnológicos.
Precedentes internacionales de revisión de ayudas
Un caso similar ocurrió en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, cuando se realizó una auditoría de los fondos destinados a la cooperación internacional por parte de USAID. La investigación identificó programas de dudosa utilidad y gastos injustificados, lo que llevó a una reestructuración del 80% de los costes, cancelación de partidas y procedimientos judiciales. Sorprendentemente, estas medidas no provocaron un colapso internacional y, con el tiempo, la decisión fue entendida como un ajuste necesario frente a irregularidades detectadas.
