El despilfarro del gobierno es máximo sin ningún tipo de control
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado cerca de 400 millones de euros en ayudas públicas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, según datos del último Listado de Grandes Beneficiarios publicado en junio de 2025 por Vozpópuli. Estas subvenciones proceden de administraciones estatales, autonómicas y locales, y se entregan a través de un sistema opaco que carece de mecanismos efectivos de fiscalización.
Subvenciones históricas sin evaluación ni control
Estas ayudas continúan el modelo instaurado tras la Transición para financiar a los llamados agentes sociales, pero no se evalúa su destino ni su eficiencia, y tampoco existen sanciones para los organismos que incumplen la Ley de Transparencia. Como resultado, gran parte de la financiación pública sostiene estructuras partidistas y sindicales sin el control que exige el uso de fondos públicos.
La información sobre estas subvenciones es fragmentada e incompleta, dificultando su seguimiento. Aunque la Ley de Transparencia obliga a publicar ayudas superiores a 100.000 euros, no contempla penalizaciones para quienes no cumplen, lo que deja un vacío sobre el total real recibido por partidos y sindicatos. Muchas ayudas se canalizan a través de fundaciones, asociaciones paralelas y subvenciones menores, escapando al registro oficial.
Partidos políticos: PSC, PP y PSOE lideran las ayudas
Entre los partidos políticos, el PSC encabeza la lista con 7,2 millones de euros, seguido por el PP (5,9 millones), PSOE (5,5 millones), ERC (3,8 millones), Junts (2,1 millones), Podemos (1,5 millones), BNG (1,1 millones) y Catalunya en Comú (500.000 euros). También aparecen subvenciones a grupos provinciales como los del PSOE en Cádiz y Sevilla, o del PP en Sevilla y Jaén.
No obstante, estas cifras no reflejan la magnitud real. Según sus memorias económicas de 2023, solo PSOE y PP declararon más de 80 millones en ingresos públicos, muy por encima de lo registrado oficialmente.
Sindicatos: UGT y CCOO, los mayores receptores
En el ámbito sindical, UGT lidera la lista con más de 50 millones de euros, repartidos entre la confederación nacional, federaciones y estructuras autonómicas. CCOO sigue con unos 32 millones.
Otros sindicatos beneficiados incluyen:
CSIF: 4 millones
USO: 1,4 millones
Intersindical Galega: 1,3 millones
LAB: 400.000 euros
Además, hay subvenciones a organizaciones educativas, agrarias, comerciales y cooperativas.
Patronales: CEOE y confederaciones locales con fuertes subvenciones
La CEOE y sus organizaciones territoriales reciben más de 40 millones de euros. Solo la sede central percibe 7,1 millones, mientras que las confederaciones de Castilla y León, Andalucía, Tenerife y Aragón superan varios millones cada una. La patronal catalana Foment del Treball obtiene 2,6 millones, y decenas de asociaciones empresariales —del metal, hostelería, calzado o pymes— completan un panorama de financiación pública casi sin control.
Fundaciones: un circuito paralelo de fondos públicos
Un capítulo especialmente opaco son las fundaciones vinculadas a sindicatos y patronales, muchas dedicadas a la formación. Destacan:
Fundación Laboral de la Construcción: 23 millones
Fundación Insular Canaria: 7 millones
Fundación de Trabajadores de la Siderurgia: 3,7 millones
Decenas de entidades similares completan un circuito paralelo de subvenciones difícil de rastrear.
Transparencia ausente: sin reformas ni auditorías
Aunque la Ley de Transparencia busca evitar estas situaciones, ningún Gobierno ha reformado el sistema. No se audita el destino real del dinero, no hay sanciones para los incumplimientos y no existe un registro consolidado que muestre el total real de ayudas recibidas por partidos, sindicatos y patronales.
