Un consumidor doméstico medio podría pagar hasta 90 euros adicionales al año
Lo que comenzó como una medida temporal para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico tras el gran apagón del pasado 28 de abril se ha convertido en una carga económica de gran alcance. El Gobierno de Pedro Sánchez valora ahora trasladar a los consumidores el sobrecoste acumulado, que ya ronda los 800 millones de euros, según informa El Mundo.
¿Qué es el «escudo antiapagones» y por qué ha disparado los costes?
Tras el incidente eléctrico de abril, Red Eléctrica Española implementó un modelo de operación más conservador, conocido como «escudo antiapagones». Este sistema, diseñado para evitar nuevos cortes de suministro, ha aumentado considerablemente el uso de servicios de ajuste, un mecanismo clave para equilibrar la oferta y la demanda eléctrica en tiempo real.
Este modo de gestión ha provocado un encarecimiento sin precedentes en los costes del sistema, afectando especialmente a las grandes industrias electrointensivas, ya duramente golpeadas por la inflación y el alto precio de la energía.
La industria pide alivio y el Gobierno plantea repartir el coste con los hogares
Según datos de la patronal de empresas electrointensivas, entre enero y agosto de 2025 se ha producido un sobrecoste de más de 810 millones de euros. Este incremento reduce drásticamente la competitividad de las fábricas nacionales y amenaza con afectar las exportaciones.
Ante la presión del sector industrial, el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce su preocupación y baraja una solución polémica: repartir los costes entre los consumidores domésticos, a través de los peajes eléctricos.
Esto implicaría que millones de hogares verían incrementado el importe de su factura de la luz, mientras que las grandes empresas se beneficiarían de un alivio económico directo.
¿Cuánto más podrían pagar las familias?
Expertos advierten que esta medida podría suponer un impacto notable en el bolsillo de los ciudadanos. Se estima que un consumidor medio podría pagar hasta 90 euros más al año si el cambio en los peajes se aprueba.
La decisión final, en manos de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo encargado de fijar los peajes eléctricos, pero el Gobierno puede influir con recomendaciones políticas o incluso mediante legislación directa.
La presión del sector industrial, que amenaza con deslocalizaciones y cierres si no se reduce su carga energética, podría inclinar la balanza a favor de esta redistribución de costes.
