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El gobierno de Sánchez propone a Bruselas un nuevo impuesto a las grandes fortunas

El ejecutivo socialista defiende un nuevo gravamen para lo que ellos llaman «ultrarricos»

El Gobierno de Pedro Sánchez planea aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas, impulsando un impuesto europeo dirigido a los patrimonios más altos. La iniciativa, presentada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, propone gravar con un 2 % a las fortunas superiores a 100 millones de euros, una medida que podría generar hasta 67.000 millones de euros en toda la Unión Europea para fortalecer las políticas sociales.

Propuesta durante reunión en Chipre

Bustinduy presentará la medida en una reunión informal de ministros de Empleo y Asuntos Sociales en Chipre, en el marco de la estrategia del Gobierno para intensificar la tributación sobre los patrimonios elevados. Desde su ministerio destacan que el objetivo de esta tasa es consolidar el Estado social europeo y garantizar bienestar y seguridad para la ciudadanía.

«Debemos demostrar que el Estado social funciona y protege los intereses de la gente común, asegurando condiciones mínimas de bienestar, libertad y seguridad», afirmó Bustinduy.

La propuesta ha sido calificada oficialmente como un “impuesto para ultrarricos”, destinado a fortalecer la política social en todos los países miembros de la UE.

Inspiración en modelos fiscales internacionales

El diseño del impuesto se basa en las tesis del economista francés Gabriel Zucman, reconocido por sus estudios sobre fiscalidad progresiva y patrimonios elevados. Según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, en España esta medida permitiría recaudar aproximadamente 5.200 millones de euros, recursos que podrían destinarse a programas de lucha contra la pobreza infantil.

Bustinduy subrayó que la tasa mínima del 2 % se aplicaría de forma coordinada entre los Estados miembros, evitando así la fuga de capitales y la competencia fiscal entre países.

Recaudación europea y cohesión social

El ministro señaló que los 67.000 millones de euros estimados en toda Europa servirían para financiar políticas sociales de gran alcance y fortalecer la cohesión social europea, además de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica del continente.

«Es la base sobre la que Europa debe asumir un papel independiente y autónomo en el mundo», aseguró Bustinduy.

Con esta propuesta, el Gobierno español busca posicionar a la UE como un actor más fuerte en la política fiscal y social, asegurando que los ultrarricos contribuyan de manera justa al bienestar colectivo.

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