El ejecutivo tuvo que recurrir después al Consejo de Estado para revocar la regularización
El Gobierno español ha tenido que recurrir al Consejo de Estado para revocar la regularización de residencia concedida a un ciudadano marroquí que contaba con una orden de expulsión y prohibición de entrada en España durante cuatro años, tras haber sido condenado por robo con violencia e intimidación, así como por lesiones.
El Consejo de Estado Interviene
En noviembre de 2024, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, solicitado por el propio Gobierno, emitió un dictamen que recomendaba la anulación de la regularización otorgada a este inmigrante. Según el informe, ambos procedimientos —la concesión de la autorización y el expediente sancionador de expulsión— se tramitaron paralelamente y sin coordinación, lo que llevó a la situación irregular.
“Ambos procedimientos se tramitaron sin coordinación ni cruce de datos de ningún tipo”, señala el Consejo de Estado en su dictamen.
Antecedentes Penales del Solicitante
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: en julio de 2023, el ciudadano marroquí solicitó una autorización de residencia temporal alegando arraigo familiar. La Oficina de Extranjería en Gerona solicitó al Registro Central de Penados información sobre los antecedentes del solicitante, donde constaba que había sido condenado en 2016 por robo con violencia o intimidación y por un delito de lesiones.
En agosto de 2023, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gerona emitió un informe desfavorable, detallando detenciones anteriores, incluyendo:
- 30 de septiembre de 2016: robo con violencia e intimidación en Barcelona.
- 31 de mayo de 2023: robo con violencia, intimidación y delitos de resistencia y desobediencia en Barcelona.
Resolución Inicial y Cambio de Decisión
En marzo de 2024, la Subdelegación del Gobierno en Gerona dictó una resolución denegatoria, argumentando que el solicitante representaba “una amenaza real, actual y grave” para la sociedad española. Sin embargo, en abril de 2024, tras interponer un recurso, el inmigrante obtuvo finalmente la autorización de residencia hasta 2028, tras la rectificación del Gobierno en septiembre.
Paralelamente, en mayo de 2023, la Policía había iniciado el procedimiento sancionador de expulsión, al tratarse de un condenado a más de un año de prisión. En julio, se dictó la orden de expulsión y la prohibición de entrada en España durante cuatro años.
Alegaciones y Resolución Final
El inmigrante argumentó que tenía arraigo familiar como pareja de hecho de una ciudadana europea y que la orden de expulsión había caducado por no ejecutarse en el plazo legal de seis meses. Además, aseguró que no representaba “una amenaza actual ni grave” para la sociedad.
Tras analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó que la orden de expulsión seguía vigente en el momento de concederse la autorización de residencia en septiembre de 2024. Por ello, recomendó a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones declarar la nulidad de la regularización, subrayando que “el reconocimiento de la residencia no puede considerarse compatible con la existencia de una orden de abandonar el territorio español”.
