El Reino Unido sigue sufriendo una tiranía globalista a manos del partido laborista
El Gobierno laborista del Reino Unido ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de vigilancia destinado a rastrear publicaciones en redes sociales que cuestionen la inmigración masiva. La medida forma parte de unas directrices oficiales enviadas a miles de funcionarios del Government Communications Service (GCS), el organismo estatal de comunicación que cuenta con más de 6.000 empleados.
Según estas instrucciones, los trabajadores públicos deben identificar y reportar mensajes relacionados con críticas a la llegada de inmigrantes, preocupaciones sobre alojamientos de solicitantes de asilo, impactos en barrios concretos o referencias a grupos étnicos específicos. Estos contenidos se clasifican como materiales con capacidad de “polarizar el debate social”, dentro del marco gubernamental denominado “Resist framework”.
Contexto social: protestas y tensión tras un caso de agresión sexual
La directriz llega en un momento de alta tensión social, tras las protestas desencadenadas por la agresión sexual de una menor de 14 años presuntamente cometida por un solicitante de asilo etíope alojado en un hotel de Epping. Este suceso ha reactivado el malestar ciudadano por el creciente uso de establecimientos financiados con fondos públicos para alojar a migrantes.
Actualmente, se estima que más de 32.000 inmigrantes residen en hoteles costeados por el Estado, mientras más de 35.000 personas han cruzado ilegalmente el Canal de la Mancha solo en lo que va de año.
Cómo funciona el sistema de vigilancia
El documento enviado a los funcionarios —también compartido con autoridades locales— incluye:
- Casos de estudio anonimizados para mostrar cómo identificar y “neutralizar” información considerada sensible.
- Recomendaciones para crear “foros de cohesión” donde modular el debate público.
- Estrategias de “prebunking”, una técnica diseñada para frenar críticas o narrativas antes de que se viralicen.
Críticas de la oposición y preocupación por la Online Safety Act
Desde Reform UK, el responsable de disciplina parlamentaria, Lee Anderson, acusó al Gobierno de Keir Starmer de limitar el escrutinio ciudadano:
«Este Gobierno ha permitido la mayor invasión de nuestras costas en la historia moderna. Debe ser vigilado de cerca, y el pueblo británico tiene todo el derecho a hacerlo».
La controversia se intensifica ante la sospecha de que la Online Safety Act, aprobada inicialmente para proteger a menores, pueda estar utilizándose para restringir el discurso político. Incluso el diputado laborista Barry Gardiner admitió que la ley actúa también contra expresiones “dañinas”, entre ellas “sentimientos contrarios a la inmigración”, lo que alimenta el temor de que la crítica a las políticas migratorias pase a ser objeto de vigilancia o sanción.
Un país rumbo a la censura preventiva
Mientras el Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan “proteger a la ciudadanía”, aumenta la preocupación por un Estado que clasifica y supervisa a quienes cuestionan la inmigración masiva. El Reino Unido parece avanzar hacia un modelo donde la censura preventiva se justifica bajo la bandera de la cohesión social y la lucha contra la polarización.
