Mientras miles de afectados por la DANA siguen sin ayudas, el gobierno autonómico afronta una nueva carga económica
El Gobierno de España ha trasladado recientemente a 54 menores extranjeros no acompañados (MENAs) a la provincia de Alicante desde Canarias, Ceuta y Melilla. Esta medida, impulsada por el Ejecutivo central, obliga a la Comunidad Valenciana a asumir un gasto de 855.048 euros para garantizar su acogida inmediata.
Nuevo centro de acogida temporal en Muro de Alcoy
Para albergar a estos menores, se ha abierto de forma urgente un nuevo Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en las instalaciones del albergue del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) en la Sierra de Mariola, situado en el municipio de Muro de Alcoy. Este centro cuenta con capacidad para 60 menores y ha sido habilitado sin financiación adicional por parte del Gobierno central, por lo que su coste recae íntegramente sobre los fondos autonómicos.
Crisis de infrafinanciación y falta de apoyo a las víctimas de la DANA
La decisión llega en un contexto de tensión económica para la Comunidad Valenciana. Miles de familias, autónomos y pequeñas empresas siguen esperando las ayudas prometidas por el Ejecutivo tras los graves daños provocados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del 29 de octubre de 2024. A pesar de esta situación, el Fondo de Liquidez Autonómico Extraordinario (FLA) aún no ha sido activado.
Sistema de acogida al límite por la llegada constante de menores
Durante 2025, la Comunidad Valenciana ha recibido ya a 968 menores extranjeros no acompañados, lo que supone un incremento del 8 % respecto a todo el año anterior. Las entidades sociales que gestionan la acogida alertan de que el sistema está saturado, con una ocupación que ya superaba el 160 % en 2024. A pesar de ello, el Gobierno central continúa con los traslados sin reforzar la financiación ni establecer una coordinación efectiva con las comunidades receptoras.
El «decreto de capacidad», en el centro de la polémica
El origen de esta sobrecarga se encuentra en el «decreto de capacidad» aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre, que asigna de manera obligatoria a la Comunidad Valenciana la acogida de 1.717 menores. Esta normativa ha sido cuestionada por varios gobiernos autonómicos, que consideran que invade competencias regionales y pone en riesgo los servicios sociales básicos.
Traslados sin criterios familiares ni territoriales
Además de las complicaciones logísticas y presupuestarias, el sistema ha generado situaciones irregulares. Existen casos documentados de menores con vínculos familiares o laborales en otras comunidades autónomas que, sin embargo, han sido enviados a territorios donde no tienen ninguna conexión. Un ejemplo reciente es el de tres hermanos que solicitaron permanecer en Melilla por la cercanía con sus familiares, pero fueron reubicados en la península por decisión del Ministerio.
Jue 23 octubre 2025 @ 08:37
pero, para poder votar los presupuestos, ¿Mazón no había prometido a VOX que no aceptaría un MENA m´sas?