Entraron en los pisos en 2005 mediante la Sociedad Pública de Alquiler de Zapatero y denuncian un desahucio encubierto del casero: la Tesorería General de la Seguridad Social
Los okupas, blindados por el PSOE y Bildu y los inquilinos, desahuciados por su casero: la Tesorería General de la Seguridad Social. El Gobierno exige que 29 familias de Madrid abandonen sus viviendas antes del 31 de diciembre tras veinte años viviendo allí. En los próximos días, los afectados afrontan la posibilidad de perder su hogar en barrios como Chamberí, Lavapiés y Pacífico.
Según recoge Antena 3, la medida llega después de un informe del Tribunal de Cuentas que insta a vender esos inmuebles y alega que los contratos han expirado. A los inquilinos les han presentado una opción de compra preferente que para la mayoría resulta inviable por precio y por condiciones crediticias, y varias familias denuncian que no pueden acceder a un préstamo por su situación laboral.
Una residente resumió la angustia al asegurar “Tengo 66 años y no me dan una hipoteca”, mientras otros sostienen que “No nos están desahuciando de manera formal, pero es un desahucio encubierto”.
Otro hito del chiringuito público quebrado de Zapatero
La Sociedad Pública de Alquiler, creada en 2005 durante el Gobierno de Zapatero, adjudicó las viviendas mediante sorteo y portales inmobiliarios cuando buscaban facilitar el acceso a la vivienda, en teoría. Tras la quiebra de la sociedad en 2012, la Tesorería tomó posesión de los activos que ahora pretende vender a precio de mercado.
Con alrededor de 850 inmuebles vacíos de la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, según el informe fiscalizador, las familias afrontan plazos ajustados y unas expectativas limitadas; la instrucción que han recibido es clara: entregar las llaves antes de que acabe el año, y por ahora no ha surgido una alternativa vinculante que garantice su permanencia.
Ningún ministerio del ‘Gobierno de la gente’ recibió a los afectados
Según los vecinos, ningún ministerio no les ha recibido y no han recibido propuestas de realojo ni compensaciones por las obras o mejoras que realizaron en los pisos. Los afectados piden que las viviendas se integren en el parque público, similar a la iniciativa “Casa 47”, para seguir accediendo al alquiler social.
Sin embargo, el Ejecutivo del yerno de Sabiniano echa balones fuera, defiende que la Seguridad Social carece de competencias en materia de vivienda, aunque es el casero, y alega que debe cumplir el mandato del Tribunal de Cuentas.
