El gobierno «más feminista de la historia» se está dedicando a excarcelar agresores y poner en peligro a las mujeres
El cambio de proveedor de las pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad continúa generando controversia. Según nuevas informaciones publicadas por OkDiario, la decisión no habría estado basada en criterios técnicos o de seguridad, sino en una postura ideológica contra el origen israelí de los dispositivos.
La razón detrás del cambio: un veto político
Fuentes cercanas a las negociaciones han asegurado que las responsables del Ministerio, vinculadas a Podemos, rechazaron la renovación del contrato con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring, que durante más de 15 años había suministrado estos dispositivos de control telemático.
De acuerdo con estas fuentes, la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, habría expresado su malestar con el proveedor debido al conflicto en Gaza. En palabras atribuidas a Rosell, «le jodía mucho el tema de Gaza«, lo cual habría influido en la decisión final.
Tecnología avanzada y alto nivel de seguridad
La empresa israelí Attenti había proporcionado dispositivos altamente fiables, equipados con sistemas avanzados que detectaban cualquier intento de manipulación o sabotaje. Además, contaban con un protocolo de reposición inmediata, lo que garantizaba la seguridad continua de las mujeres con medidas de protección.
Una fuente técnica explicó que «si algún maltratador intentaba quitar la pulsera, incluso usando una radial, la alarma se activaba de inmediato y se procedía a reemplazar el dispositivo sin demora«.
Decisión política asumida por Igualdad
La responsabilidad del cambio recayó directamente en la exministra de Igualdad, Irene Montero. Los pliegos del nuevo contrato, considerados por expertos como defectuosos, fueron firmados en 2021 por Noelia Vera, entonces secretaria de Estado de Igualdad, y en 2023 por Ángela Rodríguez Pam, también dirigente de Podemos.
La sustitución del proveedor fue justificada por motivos presupuestarios, ya que el nuevo contrato resultaba más económico. Sin embargo, también se argumentó la intención de no continuar trabajando con una empresa de origen israelí.
Consecuencias del cambio: pérdida de datos y riesgo para las víctimas
Uno de los efectos más preocupantes de esta decisión ha sido el vacío informativo generado en el sistema de seguimiento telemático. Desde el cambio, el centro de control Cometa no tiene acceso a datos anteriores al 20 de marzo de 2024, fecha en la que se completó la migración al nuevo sistema.
Esta pérdida de información ha afectado procesos judiciales en curso y ha puesto en riesgo la seguridad de mujeres protegidas por medidas legales contra sus agresores.
