El mayor importe de toda la serie histórica, supera con creces cualquier año anterior y representan el 20% del total
La contratación pública española alcanzó en 2025 un hito controvertido. Según los datos oficiales recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), el Estado adjudicó 23.116 millones de euros mediante el procedimiento negociado sin publicidad, conocido popularmente como “contratos a dedo”.
Esta cifra representa el volumen más elevado registrado desde que existen estadísticas comparables y supera con creces cualquier año anterior.
El análisis de Oirescon revela que, entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado firmó contratos por valor acumulado de 36.727 millones de euros a través de este sistema (15.721 contratos o lotes).
Más del 60 % de ese total —unos 13.836 millones— se concentró exclusivamente en 2025. El pico se produjo en el último trimestre del año, coincidiendo con un fuerte aumento en adquisiciones del Ministerio de Defensa, especialmente en material militar y equipamiento estratégico.
Ley de contratos del Sector Público
Estos contratos “a dedo” representan aproximadamente el 20% del total de la contratación estatal desde 2021, que supera los 190.000 millones de euros. La cuantía media por adjudicación o lote supera los 2,3 millones de euros. Importante: la cifra no incluye los contratos menores, cuya adjudicación directa está limitada por ley a importes reducidos.
La Ley de Contratos del Sector Público permite este procedimiento en casos justificados: urgencia, proveedor único, confidencialidad o características técnicas muy específicas. Sin embargo, su uso masivo genera debate.
La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo llevan años alertando de que la falta de competencia reduce la eficiencia del gasto público, encarece los precios y limita la posibilidad de obtener mejores condiciones.
“Cuando las administraciones negocian directamente con un número reducido de proveedores, disminuye la capacidad del mercado para ajustar precios o mejorar las condiciones del contrato”, señalan los informes europeos.
Falta de transparencia
Organismos de supervisión como Oirescon siguen de cerca esta evolución, precisamente porque afecta a la transparencia y a la competencia empresarial.
El récord de 2025 no solo marca un punto de inflexión en la serie histórica, sino que concentra en un solo ejercicio más de la mitad de lo adjudicado en cinco años. Mientras el Gobierno justifica estas adjudicaciones por razones de seguridad nacional y agilidad, voces críticas advierten del riesgo de que se normalice un sistema que, aunque legal, reduce la fiscalización y el ahorro para las arcas públicas.
Con estos datos sobre la mesa, el debate sobre la contratación pública en España vuelve a la actualidad. La pregunta que queda en el aire es si 2026 traerá un retorno a la licitación abierta o si el récord de los contratos a dedo se convertirá en tendencia.
