Los becarios denuncian que en comisaría les coaccionaron, trataron de convencerlos de que sufrían explotación laboral y amenazaron con expulsarles de España
Un juez de Instrucción de Madrid cita a declarar el 27 de febrero como imputados por coacción a dos policías que participaron en el procedimiento judicial contra Nacho Cano por supuestas irregularidades en la contratación de becarios para el musical Malinche. La citación forma parte de la denuncia que seis bailarines mexicanos del musical presentaron contra los agentes por presuntos seguimientos, coacciones, amenazas y detención ilegal, entre otros delitos.
Los becarios, por su parte, presentaron la denuncia el 8 de julio y acusaron a los policías de la comisaría de Leganitos, en Madrid, de «coacciones, amenazas, falsedad documental y detención ilegal», delitos que supuestamente cometieron el 27 de junio cuando los agentes tomaron declaración a los becarios.
Según la defensa, estos policías investigaron a los estudiantes durante seis meses sin informar al juez ni someterse a supervisión judicial.
Subrayan que los policías conocían detalles de sus vidas que sólo podían saber tras un seguimiento
Los jóvenes aseguran en la denuncia que los agentes ahora investigados los amenazaron con expulsarlos de España si no cooperaban, diciéndoles que su visado estaba anulado y cuestionando en todo momento la legalidad de su estancia en Madrid.
Entre las preguntas que los becarios consideraron invasivas y restrictivas de su libertad, los agentes les cuestionaron sobre temas de índole sexual, como si Nacho Cano se había insinuado a las bailarinas. Además, sintieron que intentaban convencerlos de que eran víctimas de explotación laboral por parte de la dirección del musical Malinche.
Otro aspecto que les generó temor fue el conocimiento que los agentes mostraron sobre detalles de su vida cotidiana, lo que, según ellos, solo podía haberse obtenido mediante un seguimiento policial previo.
La denuncia de los becarios
Todo comenzó el mediodía del 27 de junio, cuando los becarios ensayaban en la parroquia de San Juan de la Cruz, en la plaza del mismo nombre en Madrid. Alrededor de 20 agentes de la Policía Nacional irrumpieron en el lugar con el pretexto de realizar una inspección laboral.
Según las declaraciones que recogen las denuncias, a las que tuvo acceso La Razón, cada estudiante pasó por un interrogatorio individual por una inspectora de trabajo en presencia de policías, quienes además les impusieron restricciones durante el procedimiento.
Una de las becarias afirmó que los trataron como «delincuentes» y calificó la intervención policial como «desproporcionada«, tanto por el despliegue de efectivos como por el trato que recibieron en la comisaría de Leganitos, donde fueron trasladados con sirenas encendidas.
«Me obligaron a prestar declaración en condiciones en las que no podía tomar decisiones«, afirmó uno de los denunciantes, cuya declaración ha derivado en la imputación de los dos policías por delitos de coacciones.
También denuncian que los obligaron a entregar sus teléfonos móviles y que los agentes accedieron sin su consentimiento a sus correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Una de las bailarinas relató que incluso le exigieron exportar conversaciones de chat y enviarlas al teléfono del agente que la interrogaba.
