El auto aprecia indicios de prevaricación, subvenciones irregulares y malversación en la contratación a dedo de personal y proveedores
Entre los citados se encuentran el exdirector general técnico de la Faffe, Fernando José Villén Rueda, y la directora económico-financiera, Ana Valls, ya condenados por malversación y falsedad documental. Además, el juez ha ampliado el plazo de instrucción de la causa por seis meses y ha ordenado nuevas diligencias.
El auto señala la existencia de indicios de delitos de prevaricación administrativa y malversación en la contratación de proveedores, personal y justificación de concesiones. En concreto, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a proveedores durante 2008, 2009 y 2010.
Según los indicios, la Faffe habría realizado adjudicaciones sin respetar la normativa administrativa y financiera, recurriendo a procedimientos arbitrarios que obstaculizaron la libre competencia y favorecieron a ciertos adjudicatarios.
Sospechas del enchufe a dedo por Faffe de 84 personas
También se investiga la contratación de al menos 84 personas sin respetar los procedimientos legales ni los principios de publicidad, libre concurrencia, mérito y capacidad. El juez sostiene que estos contratos se habrían realizado de manera arbitraria, sin convocatoria ni observancia de requisitos legales, y que algunos trabajadores podrían haber sido contratados para favorecer intereses políticos o personales.
La investigación policial ha revelado que los responsables de la Faffe habrían contratado personal de forma discrecional, sin respetar la normativa vigente. Además, se sospecha que algunos empleados no contaban siquiera con la cualificación necesaria para sus puestos.
La UCO estima contratos irregulares por casi 9 millones y medio de euros
En un auto fechado el 29 de enero, el magistrado solicita a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) un informe sobre las subvenciones concedidas a la Faffe entre 2007 y 2011, así como los expedientes de reintegro y revisión de oficio iniciados en relación con dichas subvenciones. También pide información sobre las deudas por reintegro que quedaron extinguidas tras la absorción de la fundación por el SAE.
Asimismo, el juez ha requerido a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social que entreguen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentación sobre la contratación de diez personas por parte de la Faffe.
El informe de la UCO estima que el importe total de los contratos presuntamente irregulares asciende a 9.465.332 euros. Además, el juez destaca irregularidades en la justificación de subvenciones recibidas por la Faffe, principalmente de la Consejería de Empleo y el SAE. Estas irregularidades estarían vinculadas a contrataciones ficticias que permitieron imputar gastos por servicios no prestados, con el fin de justificar la recepción de subvenciones.
