El magistrado ya ha involucrado directamente al presidente en la investigación
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha afirmado en un reciente auto que la condición de esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue un factor clave en los presuntos delitos atribuidos a Begoña Gómez. La esposa del mandatario está siendo investigada por cinco posibles delitos: malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y tráfico de influencias.
El vínculo con Pedro Sánchez, clave para sostener la acusación
Según el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado sostiene que, sin la relación matrimonial entre Gómez y el presidente del Gobierno, habría sido «difícilmente viable» que Gómez y los otros implicados, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, hubieran ejecutado las acciones que se investigan como delictivas. El juez indica que los hechos presentados reflejan elementos suficientes para continuar con el proceso penal.
Juicio con jurado popular si la causa avanza
El juez ha iniciado los trámites para que un tribunal compuesto por jurado popular juzgue la causa principal, en caso de que se formalice la acusación. Esta vía se justifica porque uno de los delitos investigados, el tráfico de influencias, es competencia del jurado popular según la legislación española. Esto implicaría que nueve ciudadanos no juristas serían responsables de emitir un veredicto sobre Gómez y los demás imputados.
Cita judicial clave el próximo lunes
Todos los investigados han sido citados a comparecer el próximo lunes para recibir formalmente la notificación de los delitos que se les imputan. La comparecencia será en presencia de la Fiscalía y del resto de las partes, quienes podrán solicitar nuevas diligencias o proponer el cierre del caso. La semana pasada ya se fijó una cita similar, pero ni Gómez ni los otros implicados asistieron, siendo representados solo por sus abogados.
Origen de la investigación: denuncia de Manos Limpias
La causa contra Begoña Gómez comenzó hace aproximadamente un año y medio, a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. La acusación apuntaba a que Gómez habría utilizado su posición como esposa del presidente para favorecer a empresarios mediante cartas de recomendación en procesos de contratación pública. También se investiga la creación de una cátedra universitaria supuestamente diseñada a medida en la Universidad Complutense, utilizada presuntamente para obtener beneficios privados, incluyendo un software registrado a su nombre.
Sospechas sobre contratos públicos y avales de Gómez
La Fiscalía Europea está analizando contratos adjudicados por más de 8 millones de euros a la UTE formada por Innova Next y The Valley Digital, vinculada a Barrabés. La Intervención General del Estado (IGAE) ha advertido que dichos contratos podrían haberse asignado de forma irregular. Begoña Gómez habría respaldado estas operaciones con cartas firmadas como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
Otra causa por malversación también con jurado popular
Esta no es la primera vez que el juez Peinado opta por un jurado popular para juzgar a Gómez. Ya lo hizo en una causa separada por presunta malversación, en la que también están implicados Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y Cristina Álvarez, asesora cercana a Gómez en Moncloa. En ese caso se investiga si Álvarez, cobrando con dinero público, habría realizado tareas privadas para la esposa del presidente.
El magistrado respalda su decisión en una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid y en correos electrónicos intervenidos al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, que demostrarían la implicación de Álvarez en la obtención de patrocinios para la cátedra dirigida por Gómez.
La defensa niega los delitos y cuestiona la instrucción
Las defensas de los imputados han presentado recursos. Cristina Álvarez acusó al juez de manipular resoluciones anteriores y recordó que el propio Peinado había rechazado previamente una querella de Vox por malversación. Por su parte, la defensa de Begoña Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que no existen indicios sólidos y que Gómez, al no ser funcionaria, no puede ser acusada de malversación de caudales públicos.
Pedro Sánchez fue citado como testigo
En julio de 2024, el juez Peinado se trasladó a La Moncloa con una comisión judicial para tomar declaración a Pedro Sánchez en calidad de testigo. El presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar en relación con su esposa. La Abogacía del Estado criticó esta actuación calificándola de «causa general» contra Gómez, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid terminó archivando la querella por falta de fundamento.
