Subida salarial del 11 % acumulado
La subida salarial total de los empleados públicos alcanzará un 11 % durante el periodo 2025-2028. Se trata de un incremento acumulado por encima de la inflación prevista y negociado bajo cuerda con los sindicatos. Mientras al común de los mortales se le exige austeridad, el Ejecutivo regala a su clientela un aumento histórico que disparará el gasto público.
Calendario de incrementos
El acuerdo detalla un calendario escalonado: en 2025 los funcionarios recibirán un 2,5 % extra; en 2026, un 1,5 % más otro 0,5 % variable ligado al PIB; en 2027 llegará el grueso con un 4,5 % y en 2028 se cerrará con un 2 % adicional. Un festín salarial que se pagará con cargo a los presupuestos.
Adiós a la tasa de reposición
Otra de las claves es la eliminación definitiva de la tasa de reposición, esa regla que limitaba las nuevas contrataciones en la Administración. A partir de ahora, las bajas se cubrirán al 100 % y se abrirá la puerta a miles de nuevas plazas, engordando aún más el tamaño del sector público.
Reforma de oposiciones y promoción interna
El pacto incorpora una reforma de los procesos selectivos para acelerar oposiciones y modernizar los temarios. También se establecen nuevas modalidades de promoción interna que facilitarán a los funcionarios ascender sin competir en igualdad de condiciones con los opositores libres.
Refuerzo de la atención al ciudadano
Se creará una categoría profesional específica para reforzar los servicios de atención al ciudadano. El Gobierno quiere aumentar plantillas en oficinas de empleo, Seguridad Social y centros de atención presencial, mientras los contribuyentes sufren citas previas eternas.
Igualdad y salud laboral
El acuerdo incluye medidas de igualdad y salud laboral: planes de igualdad en cada ministerio, teletrabajo y derecho a la desconexión digital. Reivindicaciones necesarias, pero que llegan envueltas en un paquete de privilegios salariales para un colectivo ya protegido.
Observatorio de empleo público
Finalmente se crea un Observatorio de Empleo Público que analizará las necesidades de personal y la evolución del empleo en las administraciones. Un nuevo chiringuito institucional que servirá de refugio para cargos intermedios.
Este pacto secreto entre Gobierno y sindicatos supone una auténtica revolución laboral en la Administración. Mientras la presión fiscal ahoga a familias y empresas, la Moncloa se lanza a blindar el Estado del bienestar de los funcionarios. ¿Quién pagará la factura?
