Partido Popular y PSOE despilfarran el dinero de los españoles en inmigración ilegal
El Ejecutivo balear, liderado por la presidenta del Partido Popular, Marga Prohens, invierte actualmente 6.136.200 euros mensuales en la atención de aproximadamente 700 menores extranjeros no acompañados (menas). Esta cifra se calcula en base al coste promedio del sistema de acogida en Mallorca, Ibiza y Formentera, y ha reavivado el debate sobre el impacto económico y social de la presión migratoria en Baleares.
El inicio de 2026 ha registrado un incremento de llegadas por vía marítima, con cerca de 150 inmigrantes en los primeros días del año, superando los datos del mismo periodo en 2025. Esta situación ha obligado a reforzar los recursos destinados a la atención de menores y ha puesto en evidencia los límites de la capacidad de las islas para gestionar estas llegadas.
Según declaraciones del director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, el sistema de acogida atraviesa un momento crítico. Tanto las instalaciones como el personal especializado están bajo una presión constante, y cada nueva llegada incluye menores que pasan automáticamente a estar bajo tutela pública. Actualmente, Baleares atiende a unos 750 jóvenes no acompañados, una cifra que el Govern considera difícil de asumir sin apoyo adicional del Gobierno central.
Por este motivo, el gabinete de Prohens ha solicitado que Baleares sea excluida del reparto de menores procedentes de Canarias hasta que se refuerce la red de acogida existente.
El coste por menor varía según la isla: en Mallorca se estima en 7.400 euros mensuales por menor, mientras que en Ibiza y Formentera supera los 9.000 euros, debido al mayor coste de servicios y alojamiento. La media aproximada es de 8.766 euros al mes por joven, lo que explica el elevado gasto total que enfrenta la comunidad autónoma.
El Ejecutivo balear sostiene que las islas han pasado de ser una ruta secundaria de inmigración ilegal a convertirse en uno de los principales puntos de acceso a Europa, especialmente desde Argelia. Pavón ha reclamado una respuesta coordinada del Estado y de la Unión Europea, recordando que el control de fronteras es competencia estatal, pero las consecuencias recaen directamente sobre los servicios sociales autonómicos.
El debate político sobre la migración se ha intensificado. Mientras algunos partidos piden más recursos y coordinación institucional, otros abogan por medidas más restrictivas para reducir la presión sobre el sistema de acogida, en un contexto que el Govern define como estructural y de difícil sostenibilidad a largo plazo.
