Donald Trump ha vuelto a demostrar que su vuelta a la Casa Blanca va a suponer un giro de 180 grados en la política estadounidense. El presidente electo ha anunciado que prohibirá que los estados aprueben regulaciones propias en determinadas materias, centralizando el poder en el Gobierno federal y acabando con la fragmentación normativa que, según él, está asfixiando a las empresas y dificultando el comercio entre estados.
La medida ha generado reacciones encontradas. Por un lado, los defensores del federalismo y de la autonomía de los estados ven en esta decisión un ataque a uno de los pilares fundacionales de Estados Unidos. Por otro, los partidarios de Trump argumentan que la proliferación de regulaciones estatales contradictorias está creando un caos normativo que perjudica a la economía y dificulta la vida de los ciudadanos y las empresas.
El caos regulatorio en Estados Unidos
Es innegable que Estados Unidos sufre un problema de fragmentación normativa. Cada estado tiene sus propias leyes en materias tan diversas como el medio ambiente, la protección del consumidor, la seguridad laboral o la fiscalidad. Esto genera situaciones absurdas en las que una empresa que opera en varios estados tiene que cumplir con decenas de regulaciones diferentes, muchas veces contradictorias entre sí.
El resultado es un aumento de los costes de cumplimiento, una reducción de la competitividad y una barrera de entrada para las pequeñas y medianas empresas que no tienen recursos para navegar por este laberinto burocrático. Trump argumenta que centralizar ciertas regulaciones a nivel federal simplificará el sistema, reducirá costes y permitirá que las empresas se centren en lo importante: crear riqueza y generar empleo.
Federalismo vs. eficiencia económica
El debate de fondo es el eterno dilema entre federalismo y eficiencia económica. ¿Deben los estados tener autonomía para regular sus propios asuntos o debe el Gobierno federal imponer un marco común? Los defensores del federalismo argumentan que la diversidad normativa permite la experimentación, la adaptación a las realidades locales y la competencia entre estados, lo que a largo plazo genera mejores resultados.
Los partidarios de la centralización, por el contrario, sostienen que en un mercado globalizado y altamente integrado, la fragmentación normativa es un lastre que perjudica la competitividad y dificulta el comercio. Además, argumentan que muchas regulaciones estatales son fruto de lobbies locales y no responden al interés general, sino a intereses particulares.
Trump, el presidente de la desregulación
Esta medida encaja perfectamente con la filosofía de Trump de reducir la burocracia y liberar a las empresas de regulaciones innecesarias. Durante su primera presidencia ya demostró su compromiso con la desregulación, eliminando miles de normativas federales que, según él, asfixiaban a la economía sin aportar beneficios reales.
Ahora, con su vuelta a la Casa Blanca, Trump parece decidido a ir más allá y acabar también con la proliferación de regulaciones estatales que, en su opinión, están fragmentando el mercado estadounidense y perjudicando la competitividad del país frente a potencias como China.
Lecciones para Europa y España
Europa sufre un problema similar al de Estados Unidos, pero multiplicado por 27. Cada país de la Unión Europea tiene sus propias regulaciones, lo que genera un caos normativo que dificulta el comercio intraeuropeo y perjudica la competitividad de nuestras empresas. Además, Bruselas añade otra capa de regulación que muchas veces entra en conflicto con las normativas nacionales.
España, por su parte, tiene el problema adicional de las competencias autonómicas, que generan 17 marcos regulatorios diferentes en muchas materias. Una empresa que quiere operar en toda España tiene que cumplir con regulaciones distintas en cada comunidad autónoma, lo que multiplica los costes y dificulta la expansión.
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La decisión de Trump de prohibir que los estados aprueben regulaciones propias en determinadas materias es polémica, pero responde a un problema real: el caos normativo que está asfixiando a las empresas y dificultando el comercio. Europa y España deberían tomar nota y apostar por la simplificación regulatoria y la armonización normativa. Menos burocracia, más libertad económica y más competitividad. Esa debería ser la hoja de ruta.
