El ex cartero declaró desde prisión en la causa por presunto fraude electoral en el voto por correo de las municipales de 2019 en la localidad sevillana
El Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, gobernado por el PSOE, contrató al condenado por pederastia, A.G.D., el 1 de julio de 2025 como peón municipal para mantenimiento de instalaciones públicas en Albaida de Aljarafe, Sevilla, lo que incluyó reparaciones en el colegio del municipio. Fuentes del consistorio confirmaron que desempeñó esas tareas en el centro educativo y, una vez finalizado ese contrato, lo recolocaron en el área de ayuda a domicilio.
Esta contratación se produjo después de que A.G.D., antiguo cartero, declarara como testigo desde la cárcel donde cumple condena en la causa judicial por la presunta manipulación del voto por correo. El condenado donde negó irregularidades y aseguró que siempre exigió la presencia física del votante para tramitar los votos, aunque su versión contradice testimonios de la Guardia Civil y documentos del sumario.
La juez que investiga el presunto amaño de votos por correo en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 en Albaida del Aljarafe (Sevilla) interrogó en julio de 2023 al empleado de Correos A.G.D. mediante videoconferencia, ya que cumplía condena en prisión por abusar sexualmente de un menor de 14 años, amigo de su hijo, a quien contactó a través de Facebook en agosto de 2017.
Contratación municipal a pesar de la condena por pederastia
La Audiencia Provincial de Sevilla lo condenó a cinco años de cárcel por abuso sexual continuado, sentencia que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, e incluyó cinco años de libertad vigilada, diez años de prohibición de acercamiento a la víctima y una indemnización de 6.000 euros. Los hechos incluyeron conversaciones de contenido sexual que llevaron a varios encuentros en su domicilio con penetración anal en al menos tres ocasiones.
El caso de Albaida de Aljarafe, recuerda The Objective, destaca por un porcentaje de voto por correo del 14,92 %, muy superior al 3,6 % nacional, lo que activó las sospechas y derivó en la investigación en curso. La Guardia Civil examina indicios de que empleados públicos o personas vinculadas al PSOE facilitaron la tramitación irregular de votos, en un contexto donde se prometieron contratos a cambio de sufragios.
