Aunque los diputados socialistas castellanomanchegos votaron la ley en el Congreso, la portavoz de Page declaró hoy que es ‘inconstitucional y rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos’
El Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por el socialista Emiliano García-Page y otras cinco Autonomías del PP (Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia) han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes de mayo a cambio de los votos de separatistas que necesitaba Sánchez para su investidura.
La relativa sorpresa, de un gobierno regional socialista que no aplaude el caudillismo de Sánchez a pesar del canibalismo del PSOE con sus cabecillas caídos en desgracia, la detalló la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, quien confirmó la presentación esta mañana del recurso por vía telemática.
Los diputados de la federación de García-Page votaron para aprobar la Amnistía en el Congreso
Aunque todos los diputados del PSOE de la federación socialista castellanomanchega votaron a favor de la Amnistía de Sánchez durante su tramitación parlamentaria, Padilla declaró este lunes a la prensa que la amnistía «es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos» y que el Gobierno regional acordó el pasado 30 de julio personarse y presentar el recurso.
La portavoz relató que García-Page solicitó un dictamen sobre la amnistía al Consejo Consultivo, que resultó «muy contundente en cuanto a la legitimidad de la Comunidad Autónoma para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad».
El informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señaló que la Amnistía no tiene cabida en la Constitución, por lo que requería una reforma de la Carta Magna y, además, vulnera el principio de igualdad entre los españoles (art.14 de la CE) y los principios de interdicción de la arbitrariedad.
El plazo de recursos de la Amnistía de Sánchez concluye el miércoles
Según recuerda EP, la amnistía de Sánchez fija tres meses para poder impugnarla desde su publicación en el BOE el pasado 11 de junio, y el plazo de los gobiernos regionales para recurrir al TC de Pumpido finaliza el próximo miércoles, 11 de septiembre.
La Amnistía de Sánchez, calificada como ‘aberración legislativa’ por el presidente valenciano Mazón, establece el borrado de delitos tipificados si se perpetraron en cierto rango temporal y con fines separatistas, o la supuesta existencia de un ‘terrorismo que no viola gravemente los derechos humanos de forma intencionada’ que también es amnistiable.
Es decir: son amnistiables crímenes perpetrados por separatistas en cierto período de tiempo, aunque violasen de gravedad derechos humanos de sus víctimas si se cometieron sin querer -o si la violación no se considera ‘grave’, circunstancias ambas que la ley de Sánchez y sus cómplices tampoco se molesta en tipificar, generando tanta ambigüedad como inseguridad jurídica.
