Esta decisión llega después de que un tribunal demócrata tratase de frenar las detenciones
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde a la Administración Trump para continuar con redadas y detenciones de inmigrantes ilegales en Los Ángeles, a pesar de que un tribunal inferior había intentado frenar estas acciones por posibles «prácticas discriminatorias».
El máximo tribunal revocó temporalmente una orden emitida por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, designada por el presidente Joe Biden, que prohibía redadas basadas en el idioma, la raza, el lugar de trabajo o la presencia en zonas públicas como estaciones de transporte. La magistrada argumentó que estos criterios violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de arrestos y registros arbitrarios.
Redadas migratorias basadas en «sospecha razonable»
Con esta decisión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrá continuar con operativos focalizados en individuos en situación migratoria irregular, seleccionando a sospechosos en función de su estatus legal, idioma o ubicación. El juez Brett Kavanaugh, miembro del ala conservadora de la Corte, respaldó esta decisión señalando que las detenciones basadas en sospechas razonables han sido una práctica común en varias administraciones.
Kavanaugh sostuvo que quienes se encuentran de forma ilegal en el país no tienen un derecho constitucional relevante para evitar ser abordados por las autoridades migratorias, ya que su intención es «evadir la ley«.
Críticas desde el ala progresista de la Corte
Por otro lado, la jueza Sonia Sotomayor, representante del sector progresista del tribunal, expresó una fuerte disidencia. Advirtió que permitir redadas basadas en características como el idioma o la apariencia física podría derivar en arrestos arbitrarios y discriminatorios. «No deberíamos vivir en un país donde alguien pueda ser detenido simplemente por parecer extranjero», declaró.
Sotomayor también cuestionó el uso del procedimiento de emergencia por parte de la Corte, calificándolo como una vía que evita un análisis judicial profundo y debilita los procesos de apelación regulares.
El origen del caso y su impacto
Este conflicto judicial se originó a raíz de la detención de tres inmigrantes indocumentados en una tienda de rosquillas de Los Ángeles. Posteriormente, se sumaron a la demanda dos ciudadanos estadounidenses y varias organizaciones defensoras de los derechos civiles.
En defensa del Gobierno, el procurador general John Sauer argumentó que la orden judicial de Frimpong amenazaba con desactivar una herramienta crucial en la política de control migratorio. Según Sauer, invalidar detenciones que incluyen tanto elementos legales como factores cuestionados haría que los agentes pierdan confianza para actuar.
Por el momento, el fallo de la Corte Suprema es temporal, a la espera de una decisión definitiva por parte del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco.
