En su despacho se halló un pendrive oculto con croquis detallados de tres zulos en el sur de Francia donde ETA escondía arsenales de armas
En un firme golpe contra los remanentes del terrorismo etarra, el Tribunal Supremo ha ratificado este martes la condena de siete años y medio de prisión a Arantza Zulueta, la abogada que lideraba el denominado ‘frente jurídico’ de ETA, conocido como ‘Halboka’.
La Sala de lo Penal ha avalado íntegramente los delitos de integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos con fines terroristas, desestimando los recursos de Zulueta y su cómplice Jon Enparantza, condenado a cuatro años.
Los hechos probados son contundentes: Zulueta no solo defendía a presos etarras, sino que actuaba como enlace directo con la dirección de la banda ETA, transmitiendo órdenes para mantener la cohesión de los terroristas encarcelados y preservar su lealtad fanática.
Pendrive oculto tras un cuadro
En su despacho se halló un pendrive oculto tras un cuadro, con croquis detallados de tres zulos en el sur de Francia donde ETA escondía arsenales de armas y explosivos. Un hallazgo que evidencia cómo estos supuestos ‘abogados’ facilitaban la logística terrorista, incluso años después de que la banda anunciara su disolución.
Aunque el Supremo ha rebajado ligeramente las penas a dos subordinados –Naia Zuriarrain a dos años e Iker Sarriegi a año y medio–, reconociendo su rol menor, la decisión principal envía un mensaje claro. La Justicia española no tolerará impunidad para quienes prolongaron el sufrimiento de cientos de víctimas del terrorismo. Mientras algunos sectores nacionalistas vascos intentan blanquear el pasado etarra con discursos victimistas, esta sentencia recuerda que ETA fue una organización criminal que sembró el terror durante décadas.
Las asociaciones de víctimas han celebrado la resolución como un acto de justicia tardía pero necesaria, en un momento en que el Gobierno parece ceder ante concesiones a Bildu. España no olvidará ni perdonará a quienes apoyaron el asesinato y la extorsión. Esta confirmación refuerza el Estado de Derecho y honra a los caídos por la libertad.
