La fiscalía anticorrupción solicita 24 años de cárcel para el ex ministro de transportes del gobierno de Pedro Sánchez
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, conserva su escaño en el Congreso mientras avanza la investigación en el Tribunal Supremo por el conocido caso Koldo. Ábalos está imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Según fuentes jurídicas citadas por El Mundo, el juicio podría celebrarse en los primeros meses de 2026.
La estrategia de Ábalos es clara: al no renunciar a su acta de diputado, asegura que el caso siga en la Sala Segunda del Supremo, en lugar de trasladarse a la Audiencia Nacional, donde su defensa buscaba dilatar los plazos del proceso. Su condición de aforado protege así su situación procesal y mantiene la causa bajo jurisdicción del Alto Tribunal.
La Sala de Apelaciones deliberó recientemente sobre el recurso presentado por Ábalos para frenar la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ya determinó que hay indicios suficientes para sentarlo en el banquillo por varios hechos, entre ellos: la compra de mascarillas durante la pandemia, la colocación de amigas en empresas públicas, el alquiler de un chalé en La Línea de la Concepción y su estancia en un chalé vacacional en Marbella, entre otros.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión, mientras que la pena mínima por los cinco delitos imputados supera los 12 años y medio. Fuentes judiciales consideran muy probable que la Sala Penal confirme la instrucción del magistrado Puente, lo que permitiría abrir el juicio oral y cerraría cualquier maniobra de traslado a la Audiencia Nacional. Según la jurisprudencia del Supremo, un aforado no puede renunciar a su escaño una vez dictado el auto de procesamiento.
Si se confirma el procesamiento, el Reglamento del Congreso obliga a suspender a Ábalos como diputado del Grupo Mixto. El artículo 21 establece que los parlamentarios quedan suspendidos cuando el auto de procesamiento es firme y existe prisión preventiva, como en este caso.
El caso Koldo es actualmente la única investigación con un preso preventivo en la Sala Penal del Supremo, lo que otorga prioridad al procedimiento. Todo indica que Ábalos se sentará en el banquillo a comienzos de 2026.
Su decisión de mantener el escaño ha generado una situación inédita: el Tribunal Supremo deberá juzgar a un parlamentario acusado de graves delitos relacionados con su cargo público. El magistrado Puente ya manifestó su “estupor” ante la estrategia de Ábalos y subrayó la curiosa situación de que alguien con indicios sólidos de delito siga en el Congreso mientras se investiga su conducta.
Desde la prisión de Soto del Real, Ábalos continúa proclamando su inocencia. Su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, ha insinuado que la Fiscalía podría estar utilizando la prisión preventiva para presionarlo, en un intento de obtener una declaración similar a la del imputado Víctor de Aldama durante su tiempo en la cárcel.
