El TC elimina o reduce el alcance de la malversación y ordena que la Audiencia de Sevilla dicte nuevas sentencias sin tener en cuenta los delitos borrados
El Tribunal Constitucional (TC) sigue la deriva anunciada por Sánchez en un mitin electoral y continúa borrando delitos de altos cargos del PSOE condenados por el ‘caso ERE’. El TC ha vuelto a reinterpretar hoy sentencias doblemente confirmadas -por la Audiencia de Sevilla y el Supremo- para borrar la malversación de las condenas de los exconsejeros socialistas de Andalucía, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, y rebajar la pena del exconsejero Antonio Fernández y del exviceconsejero Jesús María Rodríguez.
En consonancia con los fallos de las última semanas para exonerar cargos socialistas condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España (siempre por 7 votos a 4 en favor de los magistrados izquierdistas), el TC considera que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo se equivocaron en su sentencia, porque hicieron una “interpretación y aplicación imprevisible del delito de malversación”.
Como las sentencias estiman parcialmente los cuatro recursos de amparo de los reos socialistas, se anulan sus condenas y se indica a la Audiencia de Sevilla que dicte unas nuevas que no tengan en cuenta los delitos que ha borrado el Constitucional.
Los beneficios a los cargos socialistas condenados por los ERE
Francisco Vallejo recibió una condena de 7 años de cárcel por perpetrar delitos de malversación y prevaricación y Jesús María Rodríguez Román recibió una condena de 6 años y 2 meses de cárcel por perpetrar delitos de malversación y prevaricación. En ambos reos, el TC ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que ‘respeten los derechos’ de ambos.
Carmen Martínez Aguayo recibió una condena de 6 años de cárcel por perpetrar delitos prevaricación y malversación, pero el TC borra la malversación y ordena a la Audiencia acota los hechos a ciertas partidas que afectan a la prevaricación.
Antonio Fernández recibió una condena de 7 años y 11 meses por perpetrar delitos de prevaricación y malversación, pero el TC reduce la malversación a los años 2000 y 2001 y a un grupo de ayudas desviadas al llamado “fondo de reptiles”.
