La ciudad de Jerez de la Frontera se enfrenta a un nuevo episodio de emergencia social que ha puesto en pie de guerra a los vecinos de la zona sur. Grupos de menores extranjeros no acompañados (MENAs) y jóvenes extutelados están pernoctando de manera habitual en las estrechas casetillas de transformación eléctrica de la Urbanización Puerta del Sur. Esta situación, denunciada por Vox y secundada por colectivos vecinales, pone de manifiesto el colapso de los servicios de acogida y la falta de control sobre los flujos migratorios en la región.
Las imágenes del interior de estas casetillas son desoladoras: cartones que sirven de colchón, ausencia total de agua corriente y restos de comida conviven con instalaciones eléctricas de alta tensión, suponiendo un riesgo de muerte por electrocución para los ocupantes. Los vecinos denuncian el olor insalubre y la inseguridad creciente, asegurando que las zonas comunes se han convertido en focos de conflicto. «No es una cuestión de racismo, es una cuestión de dignidad y seguridad básica», afirman desde la plataforma ciudadana.
El colapso de la acogida en Andalucía
Este suceso no es un caso aislado en la provincia de Cádiz, puerta de entrada habitual de la inmigración irregular. La saturación de los centros está provocando que muchos jóvenes queden en una situación de desamparo administrativo una vez cumplen la mayoría de edad o cuando escapan de los sistemas oficiales. Esta precariedad alimentó recientemente otras polémicas, como el conflicto por la perra llegada en patera en Ibiza, que aunque de distinta naturaleza, evidencia la falta de recursos y protocolos eficientes ante la llegada masiva de personas (y a veces sus mascotas) desde el norte de África.
Jerez ya ha sido escenario de otros problemas relacionados con la marginalidad y el fraude, como el reciente golpe contra el fraude a la Seguridad Social en Jerez, lo que dibuja un panorama complejo para la ciudad. La proliferación de estos asentamientos urbanos en infraestructuras industriales refleja la incapacidad de las administraciones para ofrecer soluciones habitacionales mínimas o para ejecutar las repatriaciones que partidos como Vox exigen con insistencia.
Vox exige la repatriación inmediata
Desde la formación de Santiago Abascal han sido contundentes: no basta con cerrar las casetillas de luz. Exigen que estos menores sean devueltos a sus países de origen para ser entregados a sus familias. Sostienen que el «efecto llamada» provocado por las ayudas públicas acaba lanzando a estos jóvenes a una vida de marginalidad en las calles españolas. Este discurso cala en zonas que ven cómo la convivencia se deteriora, recordando casos de tensión en otras islas como el de las llegadas de marroquíes a Canarias que también han generado gran rechazo social.
Mientras la batalla política continúa, el riesgo para la salud pública y para la vida de estos jóvenes es inminente. La compañía eléctrica encargada de las casetas ya ha advertido sobre el peligro de manipulación de los cuadros, mientras el Ayuntamiento se ve desbordado ante un problema que excede sus competencias municipales. Jerez vuelve a ser, muy a su pesar, el epicentro de un debate nacional sobre inmigración, seguridad y derechos humanos que sigue sin encontrar una salida clara.
