VOX denuncia una presunta red estructural de corrupción en el sistema de protección de menores tutelados de la Generalitat y exige el desmantelamiento inmediato de la DGAIA
El grupo parlamentario de VOX en Cataluña ha encendido las alarmas sobre una presunta trama de corrupción estructural en el sistema de protección de menores y jóvenes extutelados gestionado por la Generalitat, a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La diputada Mónica García Fuster ha presentado contundentes denuncias basadas en documentación y cifras oficiales que apuntan a una posible red de desvío de fondos públicos mediante adjudicaciones opacas y contratos con entidades cercanas a antiguos cargos políticos.
Bloqueo institucional: el Govern y la izquierda impiden investigar
VOX ha activado los mecanismos parlamentarios disponibles para esclarecer los hechos: presentación de preguntas escritas, orales, solicitudes de comparecencia tanto de la cúpula de la DGAIA como de la consejera de Derechos Sociales, y del secretario general del departamento. Sin embargo, todas estas peticiones han sido bloqueadas por los grupos de ERC y del Partido Socialista de Cataluña, según denuncian desde la formación verde.
“La consejera se ha negado a responder, los responsables no dan la cara, y los partidos del Govern utilizan su mayoría para silenciar cualquier intento de transparencia”, ha afirmado García Fuster en declaraciones a los medios.
300 millones de euros gestionados por un entramado de fundaciones
Entre los años 2016 y 2023, el entramado conocido como Plataforma Educativa —una red de fundaciones que incluye a Resilis, FASI, Astres, Gentis y Utopía— habría recibido más de 300 millones de euros de fondos públicos provenientes de la Generalitat, según los datos facilitados por VOX.
El modus operandi, según la denuncia, se basa en contrataciones directas sin concurso público, prórrogas automáticas sin justificación y adjudicaciones concentradas sistemáticamente en las mismas entidades. Con estos fondos, las organizaciones habrían consolidado una red inmobiliaria de más de 500 inmuebles, presuntamente adquiridos con recursos destinados a la atención de menores tutelados.
La red clientelar: vínculos entre responsables políticos y entidades adjudicatarias
Uno de los aspectos más preocupantes de las denuncias tiene que ver con los vínculos directos entre ex altos cargos públicos y las entidades beneficiarias de los fondos. El caso más llamativo es el de Ricard Calvo, exdirector general de la DGAIA, quien —tras dimitir por anteriores escándalos— ha sido recolocado en distintas fundaciones del grupo Plataforma Educativa, las mismas que él mismo adjudicó cuando estaba al frente del organismo.
Otro caso citado por VOX es el de Blanca Arbell, exalcaldesa de Canet de Mar por ERC. Según la diputada García Fuster, Arbell llegó a facturar hasta 8.000 euros diarios por acoger menores extranjeros no acompañados (MENAs) en una casa de colonias de su familia, Can Burgarola, contratada por la propia DGAIA. Este modelo de gestión ha sido calificado por VOX como un “sistema de puertas giratorias y lucro a costa de los menores vulnerables”.
Menores abandonados: el caso estremecedor de la niña de 12 años
Más allá del entramado financiero y político, las consecuencias reales de la presunta corrupción son profundamente graves. VOX ha denunciado casos de menores tutelados que han sido víctimas de abusos, negligencias y desprotección institucional.
Uno de los ejemplos más impactantes es el de una niña de 12 años, tutelada por la DGAIA, que fue violada de forma reiterada durante dos años consecutivos sin que la administración actuara con la diligencia debida. “Este caso es prueba del fracaso total del sistema de protección que debería estar cuidando de nuestros menores. Es intolerable”, ha afirmado García Fuster.
El Govern calla, la izquierda blinda: VOX exige desmantelar la DGAIA
En opinión de VOX, la DGAIA “se ha convertido en una estructura de poder al servicio de intereses políticos y clientelares” más que en una herramienta de protección a la infancia. Por ello, la formación exige:
- El desmantelamiento inmediato de la DGAIA
- Una auditoría externa e independiente de todos los contratos y subvenciones desde 2016
- Investigación parlamentaria y judicial a las entidades implicadas
- Depuración de responsabilidades políticas y administrativas
- Creación de un nuevo modelo de tutela basado en la transparencia y el interés superior del menor
“No vamos a permitir que se lucren a costa de los niños”
García Fuster ha sido tajante en su posicionamiento: “Lo que está pasando en la DGAIA es una vergüenza institucional. No se está protegiendo a los menores, se está protegiendo a los intereses de determinados grupos afines al Govern. Vamos a llegar hasta el final. No vamos a permitir que se lucre nadie a costa del dinero público que debería estar destinado a los más vulnerables”.
Además, ha criticado duramente a ERC y al PSC por su papel como bloqueadores de la investigación: “Hay una voluntad política clara de silenciar este escándalo. Una diputada de ERC incluso llegó a decir que pedir explicaciones a la DGAIA era dar alas a la extrema derecha. ¿Desde cuándo pedir transparencia es extremismo?”, se ha preguntado la diputada.
