El mayor pulso entre España y una gran tecnológica en años acaba de estallar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que Meta —matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram— será citada de urgencia en el Congreso para explicar por qué habría rastreado la navegación móvil de ciudadanos españoles sin consentimiento.
Un presunto caso de espionaje digital “sistemático y masivo”, en palabras del propio Ejecutivo.
La comparecencia marcará un precedente: nunca antes una Big Tech había sido llevada al Congreso con una acusación tan directa por vulneración de privacidad.
Sánchez acusa a Meta de un “espionaje masivo” en los móviles de los españoles
Durante su intervención en las jornadas ‘Metafuturo’, organizadas por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, Sánchez lanzó un mensaje nítido y cargado de reproches:
“En España la ley está por encima de cualquier algoritmo. Quien vulnere derechos pagará las consecuencias.”
Según avanzó, la investigación preliminar apunta a que Meta habría rastreado hábitos de navegación, movimientos dentro de aplicaciones y patrones de comportamiento digital sin autorización expresa.
De confirmarse, se trataría de uno de los mayores escándalos de privacidad en suelo europeo desde Cambridge Analytica.
España lanza una ofensiva parlamentaria contra la “oligarquía digital”
Sánchez adelantó que el Gobierno presentará en el próximo semestre una batería de medidas para combatir lo que considera amenazas urgentes del ecosistema digital:
- Desinformación organizada
- Falta de protección de menores
- Discursos de odio
- Abusos de las grandes plataformas
- Vulneraciones de la privacidad
- Supervisión de algoritmos opacos
El presidente elevó el tono al afirmar que algunas redes sociales se han convertido en “un Estado fallido”: sin ley, sin control y sin respuesta ante las advertencias institucionales.
Y lanzó el dardo más contundente de todo su discurso:
“España no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica.”
El contexto: Europa estrecha el cerco y España marca línea dura
La ofensiva del Gobierno se enmarca dentro del endurecimiento normativo de la UE (DSA, DMA, IA Act), pero España quiere situarse en la vanguardia.
No es la primera vez que el Ejecutivo mueve ficha ante problemas que afectan directamente a la población.
La presión sobre Meta coincide además con un clima de desconfianza tecnológica cada vez mayor en España, alimentado por escándalos previos de fallos de seguridad, ciberataques y fugas masivas de datos.
¿Qué implica que Meta sea citada en el Congreso?
La citación forzará a responsables de Meta en España —o incluso a portavoces europeos— a responder preguntas clave:
¿Qué tipo de datos se rastrearon?
La investigación apunta a patrones de navegación, datos de uso y actividad dentro de aplicaciones móviles.
¿Hubo consentimiento real?
Es el punto central. Se sospecha que el rastreo se habría producido sin autorización explícita.
¿Hubo transferencia de datos a terceros?
Especialmente a anunciantes, empresas de análisis o herramientas externas.
¿Qué impacto tuvo sobre menores?
Una de las preocupaciones más graves para el Gobierno: el seguimiento digital de menores está estrictamente regulado.
Si Meta no justifica la actuación, España podría abrir la puerta a sanciones millonarias, prohibiciones de prácticas concretas e incluso a investigaciones coordinadas con Bruselas.
¿Qué dice Meta?
Por ahora, la multinacional no ha emitido un comunicado específico, aunque fuentes internas suelen defender que todos sus procesos cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Sin embargo, las dudas crecen: recientes investigaciones en Europa ya han destapado prácticas similares en otras plataformas.
Choque institucional, presión política y consecuencias económicas
El movimiento del Gobierno llega en un momento en que los hogares españoles lidian con un entorno tecnológico que avanza más rápido que las leyes. Un contexto agravado, además, por la nueva cotización obligatoria que reducirá nóminas, lo que hace que los usuarios sean aún más vulnerables a los abusos digitales:
👉 el Gobierno activa una nueva cotización obligatoria que reducirá las nóminas hasta 95 euros al año
Sánchez busca enviar un mensaje doble:
- protección ciudadana;
- advertencia pública a las grandes tecnológicas.
Un caso que puede marcar un antes y un después
Si la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital confirma la vulneración, España entraría en una nueva etapa de control parlamentario directo sobre Big Tech.
Y no solo en materia de privacidad.
Las palabras de Sánchez —“Nuestro bienestar vale más que su avaricia”— dejan claro que el Gobierno quiere marcar un hito político y mediático.
La pelota está ahora en el tejado de Meta.
Si tienes un negocio te interesará conocer las multas por incumplir con verifactu y los programas compatibles con verifactu para estar al día y no llevarte sustos.
