Eurovisión, ese gigantesco escaparate global que durante años presumió de neutralidad cultural, acaba de romperse por dentro. España, junto a Países Bajos, Eslovenia e Irlanda, ha decidido renunciar a participar en la edición de 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ratificara la presencia de Israel en el certamen. Una jugada que divide a Europa, fractura a la organización y deja al festival al borde de una tormenta política sin precedentes.
La 95.ª Asamblea General de la UER, celebrada en Ginebra, aprobó las nuevas normas del concurso con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. Con esta mayoría, Israel quedó oficialmente dentro. Pero la decisión ha tenido un precio altísimo: la salida inmediata de varios países, incluida España, cuyo Consejo de Administración ya había aprobado en septiembre retirarse si Israel no era excluida.
Un conflicto político que Eurovisión no ha sabido contener
RTVE pidió que la votación fuera secreta y solicitó una votación independiente sobre la participación de Israel. La UER rechazó ambas peticiones.
La reacción fue inmediata: “Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo”, aseguró el ente público.
En un comunicado posterior, RTVE subrayó que la masacre en Gaza, el uso político del certamen por parte de Israel y el deterioro de la neutralidad cultural del festival hacían imposible continuar.
Es una postura que contrasta con la firme defensa de Israel por parte de países como Alemania, Austria y Suiza, que habían advertido que abandonarían el festival si Israel era expulsada. En ese escenario, el caos habría sido absoluto: Alemania es miembro del Big Five —junto a España, Italia, Francia y Reino Unido—, los países que más dinero aportan al festival, y Austria será la sede de Eurovisión 2026. La propia Viena llegó a dar a entender que no iba a organizar un festival sin Israel.
RTVE cumple su amenaza: no habrá Eurovisión 2026… ni emisión televisiva
La salida de España implica no solo ausencia de participación, sino la retirada de los derechos de emisión, algo inédito en la televisión pública española. Aun así, RTVE sí confirmó que participará el 13 de diciembre en Eurovisión Junior, donde la situación política es menos explosiva.
El festival adulto, en cambio, ha entrado en una espiral diplomática y mediática que amenaza con desbordarlo.
Las nuevas normas: un intento de apagar incendios… que ha avivado otros
La UER presentó un paquete de reformas para reducir la posibilidad de “campañas organizadas” que influyan en el televoto. Entre ellas:
Prohibición de que artistas y emisoras participen en campañas promovidas por terceros.
Reducción del número de votos por método de pago: de 20 a 10.
Recuperación del voto del jurado profesional en semifinales, eliminado desde 2022.
Medidas diseñadas para calmar tensiones internas, pero que no han frenado la fractura: Eurovisión está más dividido que nunca.
La mayor crisis del festival desde la expulsión de Rusia
La pregunta que recorre Europa es inevitable:
¿Por qué se vetó a Rusia y no a Israel?
La UER ha evitado explicaciones directas, limitándose a señalar diferencias jurídicas y de contexto. Pero esa ambigüedad ha resultado devastadora.
La sensación de arbitrariedad ha provocado una ruptura entre emisoras que defienden la neutralidad cultural y aquellas que consideran Eurovisión un escenario político inevitable en un mundo en conflicto.
El resultado: unos países se marchan porque Israel sigue; otros amenazan con marcharse si Israel es expulsada.
Un equilibrio imposible.
El efecto dominó: más países dudan, otros podrían regresar y hasta Canadá entra en el tablero
Portugal, Islandia y Noruega aún no han decidido su futuro.
Otros, en cambio, han ofrecido su regreso: Bulgaria, Moldavia y Rumanía han mostrado disposición a volver.
La UER incluso ha abierto la puerta a Kazajistán… y, sorprendentemente, a Canadá.
Lo que hace años habría parecido absurdo hoy se contempla como una opción viable: si Australia lleva años concursando, ¿por qué no Canadá?
El festival, acorralado por la política internacional, parece ahora dispuesto a traspasar cualquier límite para no quedarse vacío.
Consecuencias económicas: la factura del conflicto
La marcha de varios países no solo es un terremoto simbólico: también es un golpe económico enorme.
Cada miembro paga por participar y por retransmitir el festival, y los miembros del Big Five —entre ellos España— aportan alrededor de 350.000 euros cada uno a la organización.
Un éxodo masivo podría obligar a:
Reestructurar el presupuesto.
Reducir la producción televisiva del evento.
Buscar patrocinadores adicionales.
Aumentar las cuotas de los países que permanezcan.
La edición de 2026, prevista en Viena, ya no es una fiesta: es un rompecabezas financiero.
Una Eurovisión irreconocible
La salida de España marca un antes y un después.
Eurovisión deja de ser el festival pop más grande del mundo para convertirse en un campo de batalla diplomático. La neutralidad cultural —ese concepto que la UER ha repetido durante décadas— está herida de muerte.
La fractura es evidente.
La confianza entre países, también.
Y ahora, el festival que presumía de unir a Europa bajo la música quizá acabe simbolizando lo contrario: la incapacidad de un continente para mantener consensos mínimos en tiempos de guerra.
