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¿Qué es el ‘estado de conmoción exterior’ decretado por Maduro?

El régimen chavista informó del decreto presidencial para ‘proteger los derechos de la población’ y ‘pasar de inmediato a la lucha armada’

La narcodictadura chavista ha emitido un comunicado informando que Nicolás Maduro, hasta el momento silente, acaba de declarar el 3 de enero de 2026 el «estado de conmoción exterior» ante el inicio de los bombardeos estadounidenses contra infraestructuras militares y del narco en Venezuela.

El decreto oficial busca «proteger los derechos de la población, garantizar el funcionamiento de las institucionesy pasar de inmediato a la lucha armada» frente a lo que el gobierno califica como intento de apoderarse de los recursos estratégicos del país.

En la práctica, tanto el de conmoción exterior como el de «conmoción interior, (decretado por las movilizaciones ciudadanas contra la narcodictadura) sirven para que el régimen incremente aún más la represión sobre la población y las mínimas libertades que le quedan.

¿Qué es el ‘estado de conmoción exterior’?

El estado de conmoción exterior es una figura de estado de excepción prevista en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Se decreta en caso de conflicto externo durante sesenta días prorrogables.

A diferencia del estado de conmoción interior (que responde a graves disturbios internos o rebeliones), el de conmoción exterior se activa ante una agresión, invasión o amenaza militar proveniente del exterior. En la práctica, permite al narcodictador asumir poderes extraordinarios temporales para enfrentar la situación.

¿Qué implica en la práctica?

  • Autoriza la movilización general de las Fuerzas Armadas, milicias y toda la estructura de defensa integral.
  • Permite la restricción temporal de varias garantías constitucionales (libertad de movimiento, inviolabilidad de domicilio, libertad de expresión, reuniones, etc.), aunque nunca pueden suspenderse derechos fundamentales como la vida, prohibición de tortura o el debido proceso.
  • Facilita el control militar de servicios públicos estratégicos, instituciones clave, aeropuertos, puertos, medios de comunicación y fronteras (incluyendo su posible cierre).
  • Puede ordenar la implementación inmediata de planes de defensa nacional, incluyendo la llamada a lucha armada generalizada, como expresó el gobierno en enero de 2026.
  • Tiene una duración inicial de hasta 90 días, prorrogable por otros 90 días adicionales.

 

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