El caso revela una grave brecha de protección para nuestros mayores y la descomposición del modelo asistencial en España
Barcelona, 29 de julio de 2025 – La Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha detenido a dos mujeres, hermanas y cuidadoras, por haber cometido una de las estafas patrimoniales más graves registradas en los últimos años contra una persona en situación de vulnerabilidad. Las detenidas están acusadas de sustraer más de 524.000 euros a una anciana de 85 años a la que cuidaban desde 2019 en el distrito de Horta, en Barcelona.
El caso, más allá de su dimensión penal, plantea un serio interrogante sobre la protección de los mayores en España, la debilidad de los controles notariales y bancarios, y la permisividad con la que se otorgan poderes de representación a personas sin vínculo familiar ni verificación de antecedentes sólidos.
El engaño de la confianza: años de manipulación silenciosa
Según fuentes oficiales, las detenidas, de 49 y 44 años, comenzaron a trabajar como cuidadoras de la víctima hace más de cinco años. A lo largo de ese tiempo, y tras ganarse su confianza, consiguieron que la mujer les concediera un poder notarial amplio, otorgando a una de ellas control absoluto sobre su patrimonio, incluyendo la capacidad de realizar transferencias, firmar documentos y tomar decisiones financieras en su nombre.
Una vez en posesión de este poder, las sospechosas iniciaron un desfalco progresivo, transfiriendo importantes sumas de dinero desde la cuenta de la anciana a las suyas propias. Para evitar levantar sospechas, las transferencias se realizaban de forma fragmentada y a lo largo del tiempo. Parte del dinero fue incluso enviado fuera de España, a cuentas en el extranjero, lo que puede dificultar su recuperación.
Entre los gastos personales detectados destacan intervenciones estéticas por valor de más de 50.000 euros, así como la adquisición de bienes y servicios de lujo completamente ajenos a las necesidades de la víctima.
Pero el abuso no fue solo financiero. Las cuidadoras llegaron a instalar cámaras de seguridad dentro del domicilio de la anciana, según la investigación, con el objetivo de vigilar sus movimientos y mantener el control absoluto sobre su rutina. Un acto que, de confirmarse, bordea la vulneración de derechos fundamentales y revela un clima de dominación psicológica y coacción.
Una víctima solitaria, sin red de protección
La víctima, como tantas personas mayores en España, vivía sola y sin familiares cercanos. Fue precisamente al acudir a su entidad bancaria, preocupada por el estado de sus cuentas, cuando descubrió que su saldo era cero. Fue entonces cuando se activó la investigación policial, que ha culminado con la detención de ambas mujeres el pasado 23 de julio.
Ambas están imputadas por apropiación indebida y falsificación documental, delitos que, sin embargo, en el actual marco legal, podrían derivar en penas mínimas o incluso en libertad condicional, algo que ha provocado indignación entre juristas y colectivos de defensa del mayor.
Un modelo de cuidados fallido
Este caso es solo la punta del iceberg. La privatización encubierta del cuidado de nuestros mayores ha generado un sistema en el que muchas personas ancianas, especialmente en las grandes ciudades, quedan expuestas a cuidadores externos, en muchos casos sin regulación clara ni seguimiento institucional. La falta de inspecciones, la escasa verificación de antecedentes, y la ligereza con la que se otorgan poderes notariales configuran un entorno perfecto para los abusos.
Desde algunos sectores ya se reclama una reforma del sistema notarial y del protocolo de concesión de poderes legales, así como una mayor intervención por parte de servicios sociales y judiciales en la supervisión de personas en situación de dependencia.
La pregunta incómoda: ¿Quién protege hoy a los españoles más vulnerables?
Este episodio reabre un debate fundamental: ¿qué Estado estamos construyendo si no somos capaces de garantizar la seguridad de nuestros mayores? ¿Cómo es posible que una persona que ha trabajado toda su vida vea evaporarse su patrimonio en manos de quienes, supuestamente, debían protegerla?
Este tipo de delitos, más frecuentes de lo que trasciende públicamente, son consecuencia de un modelo político que ha relegado a los españoles mayores al abandono institucional, mientras se invierten recursos en agendas ideológicas y programas de inclusión mal gestionados. El resultado es un país en el que una mujer de 85 años puede ser despojada de medio millón de euros sin que nadie —ni bancos, ni notarios, ni administración— levante la voz hasta que ya es demasiado tarde.
Conclusión: un caso que debe marcar un antes y un después
Lo ocurrido en Barcelona no puede tratarse como un simple caso más de estafa. Es un síntoma de una enfermedad profunda, que afecta a nuestro modelo de convivencia, a nuestras instituciones, y a la jerarquía de prioridades del Estado. Mientras las élites políticas discuten cuotas, ideología de género y censuran el lenguaje, nuestros mayores son desvalijados en silencio en sus propias casas.
La respuesta debe ser clara: reforma legislativa, refuerzo del control notarial, supervisión estricta del personal asistencial y, sobre todo, voluntad política para defender a quienes sostuvieron este país con su esfuerzo.
Porque una nación que no cuida de sus mayores, no tiene futuro.
