El gobierno local de Ámsterdam mezcló en una residencia a 125 estudiantes con 125 refugiados con el balance de años de violencia, acoso y agresiones sexuales
Los resultados de la agenda 2030: las autoridades de Ámsterdam mantienen en funcionamiento el «proyecto de integración» de refugiados tras años de violaciones contra jóvenes holandesas. El desastre, sobre el que la progresía decretó el habitual oscurecimiento informativo, consistió en alojar a un grupo mixto de 125 estudiantes holandeses junto a 125 refugiados, en su mayoría sirios, para que se emparejaran como «amigos» y fomentar así la «adaptación» de los inmigrantes a la sociedad neerlandesa.
En 2018, las autoridades locales de Ámsterdam Este lanzaron el complejo Stek Oost, en el distrito de Watergraafsmeer, como una solución innovadora a la crisis de vivienda y al alojamiento de refugiados. La empresa Stadgenoot gestionó el edificio, y prometía que ambos grupos recibirían los presuntos beneficios de la convivencia multicultural.
Sin embargo, las jóvenes residentes en especial sufrieron una historia de terror durante años y denunciaron acoso constante, agresiones sexuales, peleas en pasillos y zonas comunes, y episodios de violencia física que se prolongaron desde la apertura hasta al menos 2023. La propia Stadgenoot pidió cerrar el complejo desde 2023, aunque las autoridades locales se opusieron en ese momento. Finalmente el proyecto terminará en 2028, cuando expire el contrato.
Agresiones sexuales, violación grupal y amenazas con cuchillos
Una joven víctima relata en Daily Mail que un refugiado sirio la invitó varias veces a su habitación para ayudarlo con el idioma y ver una película; en 2019 aceptó, pero él la retuvo y la violó. Ella presentó denuncia policial, aunque el caso se archivó inicialmente por falta de pruebas. Seis meses después otra residente alertó sobre el mismo individuo sirio por riesgo para las mujeres, sin que las autoridades lograran desalojarlo de inmediato.
En verano de 2023 Stadgenoot sospechó una posible violación grupal en un apartamento, aunque la policía no confirmó ese hecho concreto al citado medio. Además, la policía registró otras siete denuncias de agresiones sexuales en 2023, y en 2022 un refugiado enfrentó acusaciones por seis ataques sexuales entre 2018 y 2021, lo que desató una batalla legal para expulsarlo. Un estudiante contó que otro sirio le amenazó con un cuchillo de cocina de ocho pulgadas.
Las autoridades locales se excusaron en ‘obstáculos legales’ para adoptar medidas
Las autoridades locales tuvieron la respuesta esperable, y Carolien de Heer, presidenta del distrito este de Ámsterdam, reconoció que el comportamiento inaceptable asustaba a los residentes, pero que los obstáculos legales impedían desalojos rápidos o medidas cautelares en muchos casos.
Incluso los trabajadores de Stadgenoot, la empresa agraciada con la concesión del proyecto se sintieron desbordados. Las estudiantes y el personal expresaron agotamiento tras años en un entorno que consideraron inseguro, mientras las denuncias se acumulaban sin resolución inmediata. La resoonsable, Mariëlle Foppen, admitió que ya no podían garantizar la seguridad y que la situación resultó demasiado intensa, hasta el punto de impedirles dormir tranquilos.
