Si tienes un coche con etiqueta B —esos diésel comprados entre 2006 y 2014 que funcionan perfectamente—, vete despidiendo de él. La maquinaria burocrática del ecologismo punitivo ha puesto fecha de caducidad a tu libertad de movimiento. A partir de 2026, la entrada en vigor de la nueva fase de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Gobierno de Sánchez, desatará una persecución sin precedentes contra millones de conductores.
Cataluña ya ha marcado el camino del radicalismo: prohibición total en episodios de contaminación desde 2026 y veto permanente en 2028. Madrid y otras grandes ciudades seguirán la estela, amparadas por una ley estatal que legitima el «apartheid» automovilístico. No importa que tu coche pase la ITV, pague sus impuestos y sea necesario para ir a trabajar; si no es un eléctrico de 40.000 euros, eres un paria en tu propia ciudad.
Ecologismo de ricos contra trabajadores pobres
Esta medida es el mayor ataque a la clase media y trabajadora en décadas. Quienes conducen coches con etiqueta B no lo hacen por placer, sino porque no pueden permitirse uno nuevo. La administración, lejos de ofrecer alternativas de transporte público eficaces, opta por la prohibición. Es el triunfo del «ecologismo de salón»: ciudades limpias para quienes pueden pagárselas, y periferia y transporte precario para el resto.
La etiqueta B deja de ser el «mal menor» para convertirse en el nuevo objetivo a abatir. La agenda es clara: no quieren que cambies de coche, quieren que dejes de conducir.
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Disfruta de tu coche mientras puedas, porque el Gobierno ha decidido que en 2026, tu movilidad caduca.
La ofensiva regulatoria contra el coche de la clase trabajadora ya no es una amenaza difusa: tiene calendario y destinatarios claros. La Ley de Movilidad Sostenible y el endurecimiento progresivo de las ZBE convierten a millones de vehículos con etiqueta B en chatarra legal aunque funcionen perfectamente, pasen la ITV y sean imprescindibles para ir a trabajar. El mensaje institucional es inequívoco: si no puedes permitirte un coche nuevo, tu movilidad deja de ser un derecho.
Cataluña vuelve a actuar como laboratorio del intervencionismo. A partir de 2026, los coches con etiqueta B quedarán fuera en episodios de contaminación y, desde 2028, el veto será permanente en las ZBE. Otras grandes ciudades seguirán el mismo guion, amparadas por una ley estatal que normaliza la exclusión por renta bajo un barniz “verde”.
Qué dice realmente la Ley de Movilidad Sostenible
La norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez da cobertura legal a los ayuntamientos para endurecer restricciones sin ofrecer alternativas reales. No obliga a mejorar el transporte público antes de prohibir, ni garantiza compensaciones suficientes para quienes pierden su medio de vida. Legaliza el castigo, no la transición.
El resultado práctico es un traspaso de costes: del Estado al ciudadano. Quien no pueda asumir un eléctrico de 40.000 euros queda confinado a la periferia o a trayectos imposibles con transporte público deficiente.
Cataluña marca el camino del veto total
La Generalitat y los grandes municipios catalanes han decidido acelerar el calendario. Barcelona ya ha anunciado el cierre progresivo a la etiqueta B, incluso para vehículos diésel relativamente modernos. La Dirección General de Tráfico creó la etiqueta B como “mal menor” transitorio; ahora se convierte en el siguiente objetivo a abatir.
No hay evaluación de impacto social, ni planes creíbles de sustitución del parque móvil. Hay prohibición y multa.
Qué vehículos con etiqueta B quedan afectados
Hablamos de millones de coches diésel matriculados entre 2006 y 2014 que siguen siendo fiables y eficientes. Son el vehículo tipo de repartidores, sanitarios, autónomos y familias que viven lejos del centro. No son caprichos, son herramientas de trabajo.
La paradoja es evidente: se penaliza a quien ya pagó impuestos “verdes”, pasó inspecciones y cumplió la ley durante años. La norma cambia y el ciudadano paga dos veces.
Ecologismo de élite contra trabajadores
La retórica climática esconde una realidad incómoda: las ZBE ordenan la ciudad por renta. Quien puede pagar entra; quien no, se queda fuera. No hay red de transporte equivalente, ni horarios compatibles, ni cobertura territorial suficiente. Hay una ciudad “limpia” para unos y una movilidad degradada para otros.
Este modelo no reduce emisiones globales de forma significativa; desplaza el problema y castiga a quien menos margen tiene para adaptarse.
Madrid y el efecto dominó
Lo que hoy se aprueba en Cataluña mañana se replica en Madrid, Valencia o Sevilla. La Ley de Movilidad Sostenible actúa como paraguas jurídico para que los consistorios endurezcan sin asumir el coste político. El apartheid automovilístico se extiende con sello legal.
La agenda real: menos coches, no mejores coches
La narrativa oficial insiste en “renovar el parque”, pero las medidas apuntan a otra cosa: reducir el uso del coche por la vía punitiva. No incentivos suficientes, no alternativas robustas, no gradualidad social. Prohibición primero; discurso después.
Para la clase trabajadora, el mensaje es claro: tu movilidad caduca en 2026.
