El inquilino de La Moncloa empieza a sentir el frío de la soledad. La Junta Electoral Central ha decidido abrir expediente a Pedro Sánchez por utilizar su balance de fin de año —un acto institucional pagado por todos los españoles— para hacer campaña electoral descarada en favor de sus candidatos, en este caso en Extremadura. Es la enésima vez que Sánchez confunde Estado y partido, pero esta vez el golpe llega en el peor momento: cuando sus propios socios empiezan a saltar del barco.
Miguel Gallardo, candidato socialista en Extremadura, intenta desviar la atención atacando a María Guardiola, pero la realidad es que la marca PSOE es hoy un lastre tóxico. Y lo saben en Sumar. La reunión de crisis entre los socios de gobierno ha terminado sin avances, con una Yolanda Díaz que ve cómo su espacio político se diluye arrastrado por la impopularidad del sanchismo. «No ha habido avances significativos», filtran desde el entorno de la vicepresidenta, un eufemismo para decir que el gobierno de coalición está roto por dentro.
Un fin de ciclo agónico
Sánchez se enfrenta a un 2026 que promete ser su vía crucis. Con la justicia investigando a su entorno familiar, la Junta Electoral sacándole tarjeta amarilla y sus socios buscando la salida de emergencia, el presidente resiste atrincherado en el BOE. Su estrategia de «resistencia» ya no convence ni a los suyos. Gallardo en Extremadura es solo el primer síntoma de un partido regional que empieza a avergonzarse de sus siglas nacionales.
El sanchismo agoniza, pero su capacidad de daño a las instituciones sigue intacta hasta el último minuto.
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España asiste al final de una época. La duda ya no es si caerá el Gobierno, sino cuánto escombros dejará tras de sí en su derrumbe.
La decisión de la Junta Electoral no es un trámite menor ni una anécdota administrativa. Es una enmienda directa a la forma de gobernar del presidente y un aviso claro de que el uso partidista de las instituciones empieza a tener consecuencias. Que el expediente se abra por utilizar La Moncloa como plataforma electoral agrava el golpe: no hablamos de un mitin encubierto, sino de un acto institucional sufragado con dinero público.
El señalamiento de la Junta Electoral Central llega, además, en el peor momento político posible para Pedro Sánchez: con las encuestas en caída libre y con sus socios de gobierno marcando distancias de manera cada vez más explícita.
Por qué la Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez
El origen del expediente está en el balance de fin de año realizado desde La Moncloa, un formato institucional que debería limitarse a rendir cuentas de la acción de gobierno. Sin embargo, la Junta aprecia indicios claros de propaganda electoral, al utilizar el acto para reforzar la candidatura socialista en Extremadura.
No es la primera vez que Sánchez cruza esta línea, pero sí una de las más evidentes. El problema no es solo jurídico; es simbólico. Confundir Estado y partido erosiona la credibilidad institucional y refuerza la idea de que el poder se usa como herramienta electoral permanente.
Extremadura, el aviso que nadie quiere escuchar en Ferraz
El caso de Extremadura actúa como termómetro adelantado. Miguel Ángel Gallardo, lejos de centrarse en su proyecto regional, ha optado por el ataque personal a María Guardiola, una estrategia defensiva que delata nerviosismo.
En los territorios, la marca PSOE empieza a ser un lastre. Muchos dirigentes autonómicos son conscientes de que aparecer junto a Sánchez resta más de lo que suma, y Extremadura es solo el primer escenario donde esta realidad se hace visible.
Sumar se distancia mientras el sanchismo se hunde en las encuestas
El movimiento más revelador no llega desde la oposición, sino desde dentro del propio Ejecutivo. La reunión de crisis entre PSOE y Sumar terminó sin avances, una fórmula diplomática que esconde una ruptura política de facto. En el entorno de Yolanda Díaz ya no se disimula la preocupación por el desgaste que supone compartir proyecto con un presidente en caída libre.
Sumar teme ser arrastrado por el hundimiento del PSOE y empieza a marcar perfil propio, aunque sea tarde. El distanciamiento no es ideológico, es electoral. Nadie quiere hundirse con el capitán.
La soledad de Sánchez en La Moncloa
El presidente sigue resistiendo atrincherado en el BOE, pero cada día lo hace más solo. Con la justicia investigando a su entorno familiar, con la Junta Electoral sacándole tarjeta amarilla y con sus socios mirando la puerta de salida, la estrategia de resistencia empieza a mostrar grietas evidentes.
La diferencia respecto a otras crisis es que ahora ya no hay cohesión interna. Ni en el partido ni en el gobierno. La resistencia ya no es épica; es pura inercia de poder.
Un fin de ciclo que se vuelve institucionalmente peligroso
Cuando un gobierno entra en fase terminal, el riesgo no es solo político, sino institucional. Un Ejecutivo debilitado tiende a exprimir al máximo los resortes del Estado antes de caer. El expediente de la Junta Electoral es una señal clara de alarma: los límites se están tensando.
España no asiste solo al desgaste de un líder, sino al final de un ciclo político que deja tras de sí desconfianza, polarización y un profundo deterioro institucional.
El problema ya no es si caerá el Gobierno, sino el precio de la caída
El sanchismo puede agonizar durante meses, pero su capacidad de daño sigue intacta hasta el último minuto. Cada decisión tomada desde la debilidad es un problema añadido para quien venga después.
La pregunta que recorre los despachos ya no es si habrá elecciones anticipadas, sino cuánto quedará por recomponer cuando esto termine.
