El caso llega a la Fiscalía Superior de Andalucía
La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto el estudio de la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente a raíz de los errores detectados en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La denuncia, registrada a finales de la pasada semana, solicita que se investigue una posible dejación de funciones en el protocolo de detección precoz. Según fuentes del Ministerio Público, el caso ya está en reparto, aunque aún no se han adoptado diligencias formales.
El fallo: retrasos y resultados sin seguimiento
El problema se centra en fallos del protocolo a la hora de comunicar los resultados de las mamografías y en retrasos en la citación de mujeres con indicios de tumor. Varias afectadas denunciaron haber esperado meses sin recibir respuesta o confirmación médica.
Ante la alarma, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconoció públicamente los errores y ordenó una auditoría interna del SAS, además de la revisión individual de 2.000 casos. El dirigente andaluz aseguró que “no hay 2.000 afectadas, pero no puede volver a ocurrir”.
El papel del Defensor del Paciente y Amama
La organización El Defensor del Paciente considera que lo ocurrido podría constituir una “negligencia sanitaria grave” e incluso derivar en responsabilidades penales. Su presidenta, Carmen Flores, reclama que la Fiscalía investigue si hubo omisión de medidas básicas de seguimiento y comunicación.
En paralelo, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que ha canalizado decenas de testimonios de afectadas, mantendrá una reunión este martes para conocer cuántas mujeres están implicadas, identificarlas y, en su caso, estudiar una demanda colectiva.
Sanidad exige transparencia y datos desde 2020
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta oficial a la consejera de Salud de la Junta, Rocío Hernández, pidiendo el envío de todos los informes elaborados desde 2020 sobre el fallo.
“La magnitud del problema exige la máxima transparencia y coordinación entre administraciones”, subraya García.
La ministra también solicita garantizar medidas para disminuir los posibles efectos sobre las mujeres afectadas y evitar que un error así se repita en el futuro.
Reacción institucional y posibles consecuencias legales
Desde la Junta de Andalucía se insiste en que el error fue “humano y puntual”, aunque la investigación podría revelar fallos estructurales en el sistema de cribado, que desde 2017 atiende a más de 400.000 mujeres al año.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado además una investigación de oficio, considerando que se trata de un problema de “interés público sanitario”.
De confirmarse responsabilidades, la Fiscalía podría abrir una causa penal por negligencia médica o administrativa, un precedente inédito en la sanidad pública andaluza.
Un sistema de cribado en revisión
El SAS asegura haber modificado los protocolos de comunicación y citación desde la semana pasada. Las nuevas medidas incluyen:
- Revisión médica de todas las mamografías con diagnóstico dudoso.
- Notificación directa a las pacientes vía telefónica y por carta certificada.
- Creación de una comisión de seguimiento en cada hospital andaluz.
Sin embargo, las asociaciones insisten: “No basta con cambiar un protocolo; hay que asumir responsabilidades.”
En contexto: sanidad, política y transparencia pública
La polémica llega en un momento de tensión institucional entre el Gobierno central y la Junta por la gestión sanitaria y la falta de personal médico.
Otros casos recientes, como el de la investigación a la ministra Mónica García por supuesta incompatibilidad profesional, o la crisis del SAS por los contratos de interinos, reflejan un clima de desconfianza creciente en la gestión sanitaria.
