La compañía aragonesa de renovables bajo la lupa judicial disolvió dos empresas el lunes, diez el marte y dos más el jueves, coincidiendo con la actuación policial
«¡Corre, Forest!»: repentina compulsión de disolver sociedades antes de un registro policial. Forestalia disolvió un total de 14 sociedades mercantiles entre el 9 y el 11 de diciembre, en una operación que se aceleró justo cuando la UCO de la Guardia Civil entraba en sus sedes de Zaragoza y Madrid. El Registro Mercantil publicó todas las extinciones con la misma anotación literal: «Se disuelve la sociedad voluntariamente».
La oleada de disoluciones comenzó el lunes 9 con dos empresas, se intensificó el martes 10 con la liquidación de otras diez sociedades en un solo día y terminó el jueves 11, coincidiendo con los registros policiales, con las dos últimas disoluciones.
En todas ellas aparece como liquidador Fernando Samper Rivas, presidente y máximo accionista de Fernando Sol S.L., la matriz que controla todo el conglomerado Forestalia. La compañía está además vinculada a Servinabar, empresa propiedad de Antxon Alonso, detenido el miércoles en la misma operación policial.
El alcance completo de la operación de la UCO
Estas filiales se dedicaban principalmente a tramitar autorizaciones administrativas ante el Ministerio de Transición Ecológica para la instalación de parques eólicos, permisos que se concedieron durante la etapa de Teresa Ribera como ministra.
Los registros no se limitaron a Forestalia, tan ocupada en disoluciones exprés. El jueves 11, los agentes de la UCO continuaron la operación en varios organismos públicos: entraron en la sede de la SEPI, en Mercasa, en Sepides y en Enusa, la empresa estatal que gestiona el ciclo del combustible nuclear y el enriquecimiento de uranio en España (que Sánchez prohíbe extraer y aprovechar, recuerda The Objective)
Además, la Guardia Civil registró un piso de lujo en la calle Diego de León de Madrid, que arrendaba el expresidente de la SEPI y que, según las investigaciones, presuntamente servía de piso franco para que los imputados planearan delitos de extorsión o para desmontar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE.
